Así lo anunció CECU en un comunicado en el que las organizaciones criticaron que la discriminación residencial se ha "profundizado" y está "abocando" a las personas migrantes y refugiadas a "situaciones de vulnerabilidad extrema”.

“Muchas encuentran en el subarriendo de habitaciones la única vía para acceder a una vivienda, lo que las deja legalmente desamparadas frente a prácticas abusivas, o sufren situaciones de hacinamiento habitacional”, abundaron, convencidas de que, todo ello, a su vez, “impacta gravemente” en el ejercicio de otros derechos como el acceso a la sanidad o a la educación, entre otros, al dificultar el empadronamiento de las personas migrantes.

En este contexto, denunciaron que, a pesar de que la discriminación inmobiliaria está prohibida, tanto por la Constitución, como en la Ley por el Derecho de Acceso a la Vivienda y en la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación, no existe una política pública que impulse medidas “efectivas” y mecanismos de seguimiento y sancionadores dirigidos a evitar prácticas que "vulneran la igualdad de trato y la no discriminación en el acceso a un derecho fundamental".

MEDIDAS

Por todo ello, las organizaciones promotoras de la PNL emplazan al gobierno a adoptar medidas para que las autoridades competentes apliquen “de manera efectiva” la Ley 15/2022, de 12 de julio, Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación, cuando particulares, empresas o inmobiliarias “impidan acceder al alquiler y compra de vivienda por cuestiones de discriminación racial o étnica”.

“Para ello es necesario constituir, reglamentar y dotar de recursos la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, organismo cuyo fin es garantizar la independencia, acceso a la justicia y protección de las víctimas de discriminación”, prosiguieron.

A su vez, abogaron por incorporar en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2029 medidas “inclusivas” y financiación suficiente que garantice un acceso “equitativo” a la vivienda a todas las personas y por regular los requisitos máximos y documentación necesarios para acceder a una vivienda en alquiler o compra de manera que se “eviten procedimientos discriminatorios”.

En paralelo, estimaron necesario desarrollar programas de bolsas de alquiler asequible con figuras mediadoras y servicios de asesoramiento legal gratuitos en la firma de contratos para resolver conflictos relacionados con el alquiler o, cuando las competencias residan en otras administraciones, ofrecer mecanismos de financiación de estas políticas para garantizar el mismo fin.

VIGILANCIA EFECTIVA

Asimismo, exigieron incrementar los recursos para ejercer la “vigilancia efectiva” del mercado inmobiliario y la labor sancionadora como mecanismo “disuasorio” de prácticas de discriminación inmobiliaria.

Entre otras medidas, también demandaron la promoción de procedimientos “accesibles, efectivos y seguros” para facilitar la denuncia de víctimas de discriminación residencial, incluyendo la simplificación de los trámites, así como la asignación de asistencia legal gratuita, en coordinación con los servicios de identificación, registro y denuncia de casos discriminación y el fomento de la investigación y recopilación sistemática de datos sobre la discriminación en el acceso a la vivienda, para analizar y publicar informes sobre estas prácticas.