La tendencia fue a la baja en todos los órdenes jurisdiccionales, a excepción del penal, en el que la cantidad de asuntos de nuevo ingreso fue muy similar a la del ejercicio anterior al mostrar un incremento del 0,2 %. En la jurisdicción civil, el descenso fue del 10 % con respecto a los asuntos registrados en el segundo trimestre de 2024; y, tanto en los órdenes contencioso-administrativo como en el social, fue del 8,8 %.

Los datos contenidos en el informe estadístico sobre la “Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2025”, que el Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy, muestran también un aumento en la región madrileña del 2,3 % en la capacidad de resolución, al sumar los asuntos resueltos un total de 308.594. Por último, al final del trimestre quedaron pendientes un total de 797.785 asuntos, lo que ha supuesto un incremento del 21,2 % respecto al segundo trimestre de 2024.

Por jurisdicciones, las estadísticas muestran que los asuntos de nuevo ingreso en el orden Civil fueron 157.874, un 4 % menos que un año antes; los resueltos sumaron 156.871, un 8,6 % más, y quedaron en trámite 566.479, un 27,4 % más que al final del segundo trimestre de 2024.

Los asuntos registrados en la jurisdicción Penal ascendieron a 123.367, una cifra menor a la registrada en el mismo trimestre de 2024, con respecto a la que ha variado un 2,9%. En el mismo periodo se resolvieron 124.611 asuntos, un 2,8 % menos, y quedaron en trámite 123.423 asuntos, un 5,8 % más.

En la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo se registraron 8.397 nuevos asuntos, lo que equivale a un descenso del 17,6 %. Los asuntos resueltos fueron 9.633, un 1,4 % menos que el año anterior. También se redujeron en un 4,1 % los que quedaron pendientes de resolución, que fueron 39.166.

En la jurisdicción Social ingresaron 22.522 nuevos asuntos, lo que supuso un descenso del 9,2 % respecto a 2024. Los resueltos bajaron un 9,1 % al alcanzar la cifra de 17.479 asuntos y los pendientes al final del periodo, 68.717, aumentaron un 22,5 %.

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España ha sido de 39,83 asuntos por cada 1.000 habitantes, dos puntos más baja que en el mismo trimestre de 2024, en el que se situó en 41,92. Las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (54,07), Madrid (44,54), Murcia (44,02), Cataluña (40,64), Baleares (40,61) y Andalucía (39,90).

Los territorios que registraron una tasa inferior a la nacional fueron Asturias (39,34), Comunidad Valenciana (37,98), Galicia (36,21), Castilla y León (35,79), Aragón (35,67), Cantabria (34,91), Castilla-La Mancha (34,12), Navarra (31,79), Extremadura (30,73), País Vasco (27,85) y La Rioja (27,48.