Así lo precisó este jueves la asociación en un comunicado en el que explicó que, “en línea con los valores que defiende el proyecto”, la propuesta de enmienda solicita que en el texto del borrador se establezca una “puntuación adicional o una cuota mínima de reserva” a los productos acogidos a figuras de calidad diferenciada (DOP e IGP).

En este sentido, el presidente de Origen España, Ángel Pacheco, indicó que “estos alimentos suponen una garantía de calidad y sostenibilidad, permiten a los consumidores conocer el origen de lo que comen y están vinculados a una tradición y una historia que hay que mantener”.

Tras puntualizar que, con 393 Indicaciones Geográficas registradas, 225 de ellas agroalimentarias, España es el tercer país europeo en número de IIGG, solo por detrás de Italia y Francia, la asociación lamentó que estas figuras de calidad “apenas están presentes” en los comedores de escuelas, hospitales o residencias y advirtió de que el sector “señala una falta de normativas que incentiven la compra pública de productos con DOP e IGP”.

Entre los argumentos planteados por Origen España al Ministerio destaca la defensa del papel de las Indicaciones Geográficas en el desarrollo sostenible, al entender, según Pacheco, que las IIGG “contribuyen de forma crucial a la conservación de los recursos naturales, ya que las condiciones medioambientales de su área de producción son esenciales para la calidad y las características de los productos certificados”.

DESARROLLO ECONÓMICO

Además, la producción, transformación y elaboración de los productos con Indicación Geográfica se lleva a cabo en una zona geográfica concreta e impulsan el desarrollo socioeconómico de las comunidades rurales y reducen el impacto derivado del transporte. “Unos principios que se alinean con los criterios planteados por el borrador, que en su preámbulo menciona la importancia de los canales cortos de distribución y los productos de proximidad”, recordó la asociación.

En sus observaciones, también reivindicó la calidad nutricional certificada de estos productos e hizo referencia al uso del concepto “ultraprocesado” en el texto del borrador, que limita la compra de este tipo de alimentos en los comedores colectivos.

Asimismo, Origen España ha defendido el “potencial” de los productos con DOP e IGP para alcanzar los estándares de calidad y salud fijados por Consumo, un "valor", a su juicio, "derivado de los rigurosos controles que los Consejos Reguladores ponen en marcha para asegurar la calidad y seguridad de estos alimentos”.

En paralelo, la asociación hizo hincapié en que la UE “protege y promueve de forma activa estos esquemas de calidad y les brinda prioridad sobre otros productos”, por lo que, según su presidente, la solicitud para que el ministerio “priorice" a las IIGG en el Real Decreto "responde a su vez a una cuestión de coherencia normativa entre las administraciones”.

Por último, Origen España resaltó en sus alegaciones la función educativa de los comedores y, en este contexto, para su presidente “priorizar" los productos DOP e IGP en estos centros "es una herramienta pedagógica de gran utilidad para que los usuarios reconozcan el patrimonio gastronómico español, identifiquen los sellos de calidad diferenciada y escojan patrones de consumo más saludables y tradicionales”.