Será "un nuevo derecho digital” que estará aprobado antes de que acabe el año, según explicó López durante su intervención en Digitales Summit, “para que los operadores comiencen a implantar gradualmente nuevos planes de seguridad, obligaciones de redundancia y baterías para las antenas de telecomunicaciones”.

La nueva obligación se introducirá de manera gradual: beneficiará al 50% de la población en el primer año de la entrada en vigor de este real decreto; al 65% en el segundo año, y finalmente al 75% de la población en el tercer año. Este calendario predecible y planificado tiene como objetivo facilitar el esfuerzo inversor de los operadores, pero manteniendo un elevado nivel de exigencia en la cobertura de población que deben garantizar los operadores en el caso de una caída de la red eléctrica.

Por otra parte, las instalaciones de nivel intermedio (aquellas como los centros de gestión cuyo impacto podría afectar a varias regiones o comunidades) tendrán la obligación de permanecer operativas durante al menos 12 horas sin suministro eléctrico. Las instalaciones esenciales de primer nivel (por ejemplo, los centros de control, donde reside la inteligencia centralizada de las redes y en las que un fallo puede afectar a todo el país) deberán tener garantizada la operatividad durante al menos 24 horas.

El decreto pondrá un foco especial en reforzar la operatividad y continuidad de las comunicaciones de emergencia de los centros del 112 y alertas públicas.

Los operadores que les dan conectividad deben —también por primera vez en la normativa española— confeccionar y presentar Planes de Seguridad y resiliencia. Además, deben tener estrategias de redundancia, es decir canales de comunicación alternativos. Un centro 112 puede optar por tener varios operadores que le den servicio; o la posibilidad de utilizar a la vez tanto redes móviles como fijas. El objetivo es que el centro 112 se vea lo menos afectado posible y pueda seguir recibiendo llamadas, aunque haya algún problema puntual en alguna red o tecnología.

Las obligaciones de este real decreto afectarán, entre otros, a los operadores de telecomunicaciones en España y aquellos que operan infraestructuras digitales como cables submarinos, sistemas satelitales, centros de datos y puntos de intercambio de internet que cumplan ciertos criterios: más de medio millón de usuarios o más de 50 millones de ingresos. También aquellos que estén designados como operadores críticos, o presten servicios de emergencia, entre otros. No se aplica a redes vinculadas a Seguridad Nacional y Defensa. El Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales continúa su tramitación formal y está previsto que se apruebe antes de finales de 2026.