En esta ocasión, López escuchó las peticiones de los nuevos residentes en estas promociones públicas que solicitaron que se mejoren los servicios y equipamientos en la zona y recordó que "en la Asamblea de Madrid estamos planteando que se garantice, como hace el Plan Estatal, que la vivienda pública no pueda acabar en fondos buitres y que su protección sea permanente".

Además, recordó que el Gobierno de España ha cofinanciado con Madrid, desde el año 2018, 5.634 viviendas construidas o en construcción y 56.161, en rehabilitación. En total, los recursos transferidos a la Comunidad de Madrid ascienden a 1.165,70 millones de euros. A este esfuerzo inversor, hay que sumar las 10.700 viviendas que el ministerio de la Vivienda, a través de Casa 47, está construyendo en el barrio de Campamento.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha presentado 27 enmiendas a la ley de Ley 3/2024 del Gobierno regional entre las que destaca cambiar el propio título de la ley, incluyéndose la palabra permanente para evitar la desprotección de la vivienda pública que se construya.

Asimismo, el PSOE madrileño propone que la Comunidad de Madrid declare zonas de mercado residencial tensionado a aquellos ámbitos territoriales en los que exista un especial riesgo de insuficiencia de oferta de vivienda asequible para la población residente y se añade a la ley que, a solicitud de los municipios, éstos podrán declarar zonas de mercado tensionado siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la ley de vivienda y que presenten el plan de acción para su municipio.

Igualmente, la ley que propone el PSOE añade la posibilidad de que la Comunidad de Madrid participe de manera más activa en la compra de vivienda para incrementar el parque público de vivienda e incorporar al parque público de vivienda de la Comunidad de Madrid la compra de viviendas vacías, de uso turístico o actividad temporal como vivienda protegida permanente con la posibilidad de que el gobierno tenga prioridad en el derecho al tanteo y retracto, incrementando así parque presidencial público de vivienda.

Por último, la propuesta socialista incluye la prohibición de la enajenación del patrimonio público residencial, vetando la enajenación de todo el patrimonio público de las administraciones dentro de la Comunidad de Madrid, para así proteger el número de viviendas residenciales y la imposibilidad de vender suelo público en la región.