Según expresó la organización, el plan presentado por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, “demuestra que sería igualmente posible aumentar de forma urgente la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) sin necesidad de aprobar unos nuevos presupuestos”.

El responsable de cooperación internacional de Oxfam Intermón, Pablo Martínez Osés, sostuvo que el Gobierno encontró “10.500 millones extra para invertir en defensa”, que es “exactamente la cantidad que necesitaríamos para alcanzar el compromiso histórico del 0,7% del PIB destinado a AOD".

Este “compromiso” se remonta al año 1991, cuando España entró a formar parte del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Así, con la inversión actual, España se encuentra “a la zaga de los países donantes, en la posición 20 de los 32 miembros del CAD”.

Esta decisión del gasto en defensa llega en un contexto internacional en el que solo con los recortes anunciados por USAid, la agencia estadounidense de cooperación, “podrían morir más de 3,3 millones de personas antes de que acabe 2025”, por falta de acceso a vacunas, tratamientos contra enfermedades como el Vih/sida, malaria o la tuberculosis, y por la cancelación de ayuda humanitaria básica. Además, otros países donantes como Reino Unido y Francia anunciaron recortes en sus programas de cooperación internacional que tendrán terribles consecuencias en el corto, medio y largo plazo.

Frente a ello, Oxfam Intermón urgió a España y al resto de países de la UE a que “cumplan y aumenten” sus compromisos para proteger la vida de millones de personas en un momento de incertidumbre y conflictos crecientes. “Nos encaminamos hacia un mundo más desigual e inseguro, donde la ley del más fuerte se impone sin disimulo, con impactos humanos devastadores en el corto y largo plazo”, señaló Martínez.

Igualmente, la organización planteó vías “concretas y viables” para financiar una cooperación “ambiciosa”. Entre ellas, la aplicación de impuestos más “justos” a las grandes fortunas y multinacionales. Además, es “esencial” implementar un control “efectivo” contra la evasión fiscal y promover la cancelación o reestructuración de deudas “externas injustas”. Estas medidas permitirían liberar fondos sustanciales sin comprometer las políticas sociales de los países donantes, según explicó la organización.