Así lo exigió en un comunicado en el que denunció que, según datos oficiales, en lo que va de 2026, los incendios forestales han afectado más de 170.0000 hectáreas en España, seis veces más que durante el mismo periodo del año anterior.

La organización considera que la “prioridad inmediata” debe seguir siendo salvar vidas, proteger los territorios y los núcleos de población y garantizar una atención “adecuada” a las personas evacuadas y cree que la respuesta debe ser sostenida en el tiempo, diseñada en la prevención, adaptación y mitigación, “no únicamente cuándo aparecen las llamas”.

Oxfam Intermón valora la puesta en marcha de las medidas aprobadas por el Gobierno y pide que las ayudas sean “suficientes·, que su tramitación resulte “rápida, sencilla y accesible” y que se “priorice” a quienes disponen de menos recursos para afrontar las pérdidas y reconstruir sus vidas.

“Los incendios son una emergencia humana, social y territorial. Además de destruir ecosistemas, viviendas y medios de vida, pueden dejar a muchas familias y municipios en una situación de mayor vulnerabilidad. Necesitamos urgentemente pasar de repuestas reactivas a una política estable de prevención, adaptación y recuperación”, afirmó al respecto la responsable de Justicia Climática de Oxfam Intermón, Sofía del Valle.

En este contexto, denunció que el cambio climático “incrementa el riesgo, pero que una amenaza alcance dimensiones catastróficas depende también de cómo estén preparados los territorios”. “La prevención durante todo el año, una gestión sostenible del territorio y unos servicios públicos sólidos pueden reducir considerablemente los daños”, abundó.

ANTICIPARSE

En paralelo, lamentó que los incendios no afectan a todas las personas por igual y que la capacidad para anticiparse, ponerse a salvo y recuperarse depende de factores como los ingresos, la vivienda, la edad, las condiciones laborales y los servicios y recursos disponibles en cada territorio.

“Los hogares con menos ingresos, las personas mayores, quienes trabajan al aire libre y las familias que dependen de la agricultura, la ganadería, los bosques o el turismo rural pueden encontrarse especialmente expuestos”, agregó, con el convencimiento de que, en el medio rural, la pérdida de explotaciones, empleos, infraestructuras y servicios “puede acelerar la despoblación y reducir aún más la capacidad de los territorios para afrontar futuras emergencias”.

“Las llamas pueden alcanzar a cualquiera, pero no todas las personas disponen de los mismos recursos para ponerse a salvo o reconstruir sus vidas. Una política climática justa debe proteger especialmente a quienes están más expuestos y tienen menos capacidad para recuperarse”, prosiguió Del Valle.

Oxfam Intermón reclama que la prevención de incendios se mantenga durante todo el año y no se limite a los meses de mayor riesgo. Además de reforzar los dispositivos de emergencia, ve necesario invertir en la gestión sostenible del territorio, la protección de los ecosistemas, el acceso al agua, los servicios públicos y la capacidad técnica y financiera de los municipios.

PREVENCIÓN

“No invertir en prevención no supone ahorrar. Supone trasladar una factura mucho mayor a las familias, los municipios y los servicios públicos cuando llega la emergencia. Las administraciones públicas necesitan prever presupuestos específicos y capacidades técnicas y humanas suficientes para garantizar la ejecución efectiva de las medidas frente a los incendios”, afirmó Del Valle.

Por todo ello, Oxfam Intermón ve “fundamental” alcanzar un amplio acuerdo político y social frente a la emergencia climática, como oportunidad para abordar de manera conjunta la crisis climática y la crisis social y contribuir a disminuir brechas de desigualdades en nuestro país.

“Este acuerdo debe concretarse en compromisos políticos, financiación, responsabilidades por parte de todos los gobiernos y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar su cumplimiento”, concluyó.