Los informes que autorizaban las matanzas y que fueron requeridos por el Juzgado han sido finalmente aportados tras la insistencia del Pacma. En la documentación recientemente remitida, el investigado Ángel Serdio, el director general de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, señala como autores de los informes empleados para fijar el cupo de extracción 2025/2026 al jefe de Servicio de Conservación de la Naturaleza y firmante del informe técnico, y en el ámbito jurídico, a dos responsables de la Asesoría Jurídica.

La formación política indicó que los informes utilizados para autorizar la cacería de lobos pudieron ocultar el estado de conservación “desfavorable” de la especie, reconocido oficialmente por España ante la UE, lo que invalidaría cualquier autorización de caza y podría constituir delito de prevaricación.

El Juzgado ha rechazado la suspensión cautelar de la caza solicitada por el Pacma, sin entrar en el fondo del asunto y por motivos “infundados”, según esta formación política, ya que apelan a una supuesta falta de competencia y de jurisdicción.

El Pacma ha recurrido esa decisión al considerar que la vía penal es la única competente y que cualquier resolución que lo niegue puede incurrir en la vulneración de derechos.