Esos reales decretos se refieren a los núcleos zoológicos, es decir, lugares con animales mantenidos en instalaciones con actividad económica.

Una docena de representantes del Pacma se concentraron frente al Congreso antes de registrar en esa Cámara una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el respaldo del eurodiputado animalista alemán Sebastian Everding, así como Rafael Agudo, de Mastines en la Calle; María Teresa Rodríguez, de la Plataforma NAC, y Tina Hartmann, de Windhund-Netzwerk e.V.; Verena Wiegand, de Münchner Galgomarsch, Julia Reinhardt, de Kölner Galgo-Marsch, todas ellas organizaciones alemanas de protección animal.

Esa misma misiva se enviará este viernes a las embajadas y consulados generales de España en Alemania, Argentina, Austria, Francia, Italia, México, Reino Unido y Suiza.

“Pedimos expresamente al presidente del Gobierno que se cumplan tanto las normativas europeas como la Constitución y el Código Civil español, y se incluyan a los perros de caza en la Ley de Protección Animal y en los reales decretos de núcleos zoológicos”, comentó a Servimedia el presidente del Pacma, Javier Luna.

El presidente del Pacma lamentó que los ministerios de Derechos Sociales y de Agricultura pretendan excluir a los perros de caza de esas futuras normas, lo que los equipararía al “ganado”, incumpliendo el Convenio Europeo sobre protección de animales de compañía, de 1987 y suscrito por España en 2017, que no distingue a los perros para su protección.

“DESIGUALDAD”

La carta expone preocupaciones sobre la situación jurídica de los perros utilizados en actividades cinegéticas en España y señala que su exclusión de la Ley de Protección Animal, de 2023, genera una “desigualdad” injustificada y un “déficit de protección”.

Según las entidades firmantes, esta excepción vulnera principios constitucionales como la igualdad ante la ley y entra en conflicto con normativa europea que reconoce a los animales como seres sintientes sin distinción por su uso.

La carta recoge ejemplos documentados de abandono de galgos y podencos tras la temporada de caza, la existencia de instalaciones de cría sin control suficiente, deficiencias en la atención veterinaria y condiciones de transporte inadecuadas, así como situaciones de perros mantenidos permanentemente atados sin protección frente a las inclemencias meteorológicas.

Estas circunstancias, advierten, quedan en muchos casos fuera del alcance de la normativa administrativa vigente, lo que limita la capacidad sancionadora y de intervención de las autoridades.

Asimismo, se señalan posibles conflictos con el Derecho de la UE, el Código Penal, el Código Civil y el Convenio Europeo de protección de animales de compañía, lo que, a juicio de las organizaciones, pone en cuestión la coherencia del marco jurídico español.