La muerte de la perra se produjo durante una disputa entre el agente y su tutor, Tauri Ruusalu.

Desde el inicio, el caso estuvo marcado por versiones contradictorias. Mientras el agente implicado alegó haber actuado en defensa propia tras una supuesta mordedura del animal, el tutor negó que este le atacara en ningún momento.

La muerte de Sota generó una conmoción social y una respuesta ciudadana, con una cobertura mediática y protestas multitudinarias en las calles.

El suceso derivó en la apertura de investigaciones judiciales y la denuncia del tutor contra los agentes implicados. Diversas entidades de protección animal y el Pacma se personaron como acusación popular e impulsaron una movilización que culminó con la entrega de más de 230.000 firmas en el Ayuntamiento de Barcelona para exigir responsabilidades políticas y judiciales, así como cambios en los protocolos policiales de actuación con animales.

OLVIDO DE LA VÍCTIMA

En abril de 2022, un juzgado de Barcelona determinó que existían indicios suficientes para sentar al agente en el banquillo por un presunto delito de maltrato animal, por el que se enfrentaba a una posible pena de hasta un año y medio de prisión.

No obstante, con carácter previo a la fase de juicio se acordó acudir a un proceso de mediación penal en el marco del Programa de Justicia Restaurativa, iniciado en mayo de ese año.

Siete años después de los hechos, ese programa ha comunicado el cierre de la mediación tras manifestar ambas partes su voluntad de no reclamarse nada y solicitar el archivo del caso sin celebración de juicio.

Según el Pacma, este desenlace supone “una grave desprotección jurídica y ética para los animales, al dejar fuera del foco a la verdadera víctima: la perra Sota”.

Por ello, anunció que no renunciará a la vía penal y continuará ejerciendo “presión judicial y social como acusación popular el tiempo que sea necesario” con el objetivo de que se “depuren” responsabilidades. “La muerte de Sota no quede impune y hechos similares no vuelvan a repetirse”, apuntó.

Además, insistió en la necesidad de revisar y reformar los protocolos policiales para garantizar la protección de los animales y evitar el uso letal de la fuerza en intervenciones con ellos.