El texto fue aprobado en primera vuelta el pasado mes de noviembre y con esta segunda vuelta ya se le da luz verde definitiva e inicia la tramitación parlamentaria. Se trata de una de las reformas comprometidas por el Ejecutivo en el plan de recuperación en el que se marca como plazo de aprobación el primer semestre de este año.

El anteproyecto crea un fondo de pensiones de promoción pública, gestionado por el sector privado, al que puedan adscribirse planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación, con el objetivo de aumentar la población cubierta por estos planes.

El texto que se aprobará previsiblemente no contará con el total respaldo de todas las partes. Desde las patronales sectoriales se critica que se pretendan desarrollar los planes de pensiones colectivos a costa de los privados, aumentando el incentivo fiscal de los primeros y reduciendo el de los segundos, y se ha reclamado en los últimos días incentivos más ambiciosos, si bien se han valorado positivamente algunos plasmados en los últimos borradores como que las aportaciones empresariales se excluyan de la base de cotización y, por tanto, no se cotice por ellas.

También se pretende reducir las comisiones de gestión de estos planes, que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha señalado en distintas ocasiones que son elevadas y se busca rebajarlas.

Escrivá ha asegurado que espera que se incorporen al nuevo fondo de aquí a 2030 unos diez millones de autónomos y asalariados españoles.