En la última reunión ordinaria del periodo de sesiones, la Mesa tomó esta decisión después del informe que le transmitió la Comisión del Estatuto de los Diputados en relación a “los procedimientos de verificación sobre un eventual incumplimiento del código de conducta por parte de estos dos diputados”.

Según indica el Parlament de Cataluña en una nota de prensa, el artículo 7 del código de conducta, titulado ‘actitud ejemplar’, establece que “el comportamiento de los diputados del Parlament tiene que responder siempre a la confianza pública de qué son depositarios como cargos electos”.

“Los diputados del Parlament tienen que mantener en todo momento una conducta respuesta con los otros diputados y con los ciudadanos y una actitud escrupulosa y ejemplar de acuerdo con el principio de igualdad sin discriminación por razón de género, orientación sexual, creencias, ideología, origen o condición social, etnia, lengua o cualquier otra”, dice el apartado 2 del artículo 7.

La conducta que se le reprocha a Orriols es haber acusado a la diputada de ERC Najat Driouech de “normalizar el fundamentalismo islámico” por llevar velo en el Hemiciclo, así como otras consideraciones respecto a esta diputada. Por su parte, a Joan Garriga se le atribuyó una falta leve por sus manifestaciones sobre el expresidente Lluís Companys y por decir en un Pleno que los socialistas se gastaron el dinero en “drogas y putas”.

El acuerdo de la Mesa incluye la propuesta de la Comisión del Estatuto de los Diputados de trasladar a los grupos parlamentarios la conveniencia de reformar el Reglamento y el código de conducta para “regular con más concreción la conducta de los diputados y establecer las sanciones correspondientes, especialmente las relativas a manifestaciones ofensivas hacia otros diputados, instituciones o terceras personas ajenas al Parlament”.

Asimismo, a propuesta de la comisión, la Mesa del Parlament acordó informar a los grupos de la posibilidad de transmitir al ministerio fiscal las manifestaciones de Orriols, ya que “se podría considera que estas contienen elementos que podrían ser constitutivos de un eventual delito de odio”.

Respecto al expediente relacionado con la diputada de Vox Júlia Calvet, la Mesa recibió también el informe de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que concluye que “no ha cometido ninguna infracción, ya que las manifestaciones de la diputada están amparadas por la libertad de expresión en el marco de un debate político en sede parlamentaria”.

Por ello, “no se le ha impuesto ninguna sanción”. Es la segunda vez que la Mesa del Parlament sanciona a algún diputado por vulneración del código, aprobado en julio del 2016. El primer diputado sancionado fue Francesc Dalmases, de Junts, en 2022.