Adolfo Araiz, Floren Aoiz, Patxi Zabaleta y Sotero Etxandi perderán todos sus derechos como parlamentarios y las percepciones económicas que recibirían desde el próximo miércoles, 24 de abril, hasta el 13 de mayo.

El acuerdo de la Mesa se deriva de la expulsión de los 4 parlamentarios del salón de plenos el pasado 27 de marzo, decretado por la prsidenta de la Cámara, Lola Eguren, después de que algunos diputados de HB colocaran pegatinas alusivas a reivindicaciones de la coalición en sus escaños y en la pared más cercana a sus asientos.

Según la Mesa, dicha actuación ha de considerarse un desorden grave, que el Reglamento de la Cámara castiga hasta con 3 meses de suspensión. Esta valoración viene además determinada porque el mismo grupo realizó actos parecidos en el pleno del pasado 3 de abril.

Entonces, los representantes de HB colocaro carteles en los que demandaban la libertad para su compañero parlamentario Jaime Iribarren, preso en la cárcel de Pamplona por un delito de daños. Aquel día y por dos veces, la presidenta ordenó la presencia de la Policía Foral para retirar eso carteles.

El acuerdo de la Mesa del Parlamento señala que todos los grupos tienen derecho a expresar sus opiniones, siempre que se haga por los procedimientos reglamentarios.

"Lo que asimismo supone el mantenimiento del orden, sin que pueda procederse a aterar el mismo, máxime con la gravedad y reiteración que viene produciéndose en esta Legislatura", señala la Mesa.

Por su parte, el portavoz parlamentario de HB, Adolfo Araiz tachó la decisión de "absolutamente política y que pretende calificar la forma de actuación de un grupo, por otro lado, común en otros Parlamentos".

Araiz añadió que recurrirán el acuerdo en breve ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Navarra o ante el Constitucional y que pedirán a algunos de éstos que ordene la supensión del acuerdo hasta que se tome una decisión judicial definitiva.

Para el portavoz de HB, tan importante como la sanción es el procedimiento utilizado para ella, ya que la "la Mesa no permitió que el trámite previo a su acuerdo fuera realizado en euskera". "No se han respetado nuestros derechos lingüísticos. Toda una Mesa hispanoparlante ha impuesto su condición de tal frente a nuestros derechos, cuando en Navarra hay dos lenguas oficiales".