Coalición Canaria, PP y PSOE, integrantes de la ponencia, han pactado definir al archipiélago como una nacionalidad. El escollo final se ha centrado en la refora del sistema electoral en las islas, que ha quedado aparcado ante el bloqueo en las negociaciones.

Las principales novedades del Estatuto se centran en aspectos necesarios para hacer frente a la nueva situación de las islas en la Unión Europea y los nuevos regímenes aprobados en el nuevo Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF).

En este sentido, el nuevo Estatuto recoge la asunción por parte de la Comunidad Autónoma de la gestión de impuestos como el IGIC (el IVA canario), así como la delegaión en el Gobierno canario de algunas materias de comercio exterior.

El nuevo Estatuto define a Canarias como una nacionalidad, a la vez que se solicita que la opinión de las islas sea oida por el Gobierno central en cualquier asunto de carácter nacional o internacional que afecte al archipiélago. Los socialistas han aceptado estas disposiciones, siempre y cuando el Parlamento nacional apruebe una ley orgánica donde se regulen todos estos aspectos.