El texto fue aprobado por 402 votos a favor, 250 en contra y 8 abstenciones. La Eurocámara iniciar negociaciones con los países de la UE sobre la forma final de la ley, que debe ser aprobada tanto por el Parlamento Europeo como por el Consejo y publicada en el Diario Oficial de la UE antes que acabe 2025 para que el plazo de un año entre en vigor.

Ese reglamento se aprobó en 2023 y sus disposiciones deberían aplicarse a partir del 30 de diciembre de 2024. Sin embargo, las instituciones comunitarias han ido retrasando ese plazo para ayudar a las empresas y los países a aplicar mejor las normas.

La norma permite a las empresas vender determinados productos en la UE si sus proveedores aseguran que proceden de zonas en las que no se han talado árboles, con el fin de luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Los productos cubiertos por la legislación son el cacao, el café, el aceite de palma, la carne de vacuno, la soja, el caucho y la madera. También se incluyen derivados que contienen, han sido alimentados o han sido elaborados con los productos básicos mencionados, como chocolate, muebles, papel impreso y derivados seleccionados a base de aceite de palma (utilizados, por ejemplo, como componentes en artículos de cuidado personal).

DOS PLAZOS

Según la posición del Parlamento Europeo, las empresas dispondrán de un año adicional para cumplir con las nuevas normas de la UE destinadas a prevenir la deforestación.

Las grandes empresas y comerciantes deberán cumplir las obligaciones del reglamento a partir del 30 de diciembre de 2026, y las microempresas y pequeñas empresas desde el 30 de junio de 2027.

Este plazo adicional pretende garantizar una transición fluida y permitir la aplicación de medidas para reforzar el sistema informático que los operadores, comerciantes y sus representantes utilizan para realizar las declaraciones electrónicas de diligencia debida.

Además, los eurodiputados consideraron que la responsabilidad de presentar una declaración de diligencia debida debería recaer en las empresas que introducen primero el producto en cuestión en el mercado de la UE, y no en los operadores y comerciantes que lo comercializan posteriormente.

La Eurocámara solicitó una revisión de simplificación antes del 30 de abril de 2026 para evaluar el impacto de la ley y la carga administrativa.