El texto consensuado por estos seis partidos, tras una larga exposición de motivos que pone en solfa el problema de la vivienda, la desigualdad social que provoca y que las competencias en la materia la tienen en su mayor parte las comunidades autónomas y los ayuntamientos, instará a los gobiernos municipales a estas tres iniciativas.

Por un lado, "a ejercer las competencias que le atribuye la legislación vigente y proceder a la declaración de zonas tensionadas (en elmunicipio correspondiente) con el objetivo de atajar la crisis de acceso a la vivienda actual, contener los precios, proteger el interés general y garantizar el derecho a la vivienda de la ciudadanía de (dicho municipio).

En segundo lugar, a que cada ayuntamiento, a su vez, "inste al Gobierno de España a que aprueben con la máxima urgencia una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual para los contratos sujetos a renovación en 2026, 2027 y 2028.

Finalmente, la moción propondrá a la comunidad autónoma o el ayuntamiento correspondiente a instar al Gobierno de España a que "apruebe con la máxima celeridad posible las modificaciones legislativas necesarias para limitar las compras especulativas de viviendas y garantizar su uso como residencia habitual y permanente".