En un comunicado, Fevitur señaló que la sentencia, emitida ayer, jueves, supone “el derribo del modelo estatal que convirtió a los registradores de la propiedad en el principal cuello de botella de acceso” a viviendas turísticas “completamente legales” en España. La sentencia se deriva de un recurso de la Generalitat Valenciana, que ha sido estimado parcialmente por el Supremo, resultando en la anulación de los preceptos por los que se crea el registro.

Según las estimaciones manejadas por la patronal, las revocaciones, bloqueos y problemas derivados del número de registro estatal han supuesto de media un coste de 33.000 euros por propietario afectado, entre pérdida de reservas, gastos adicionales, inseguridad operativa y barreras de comercialización. Sobre esta base, el conjunto de daños ocasionados por el sistema anulado podría situarse en torno a los 160 millones de euros.

"No hablamos de una cuestión teórica ni de un simple matiz jurídico: hablamos de miles de familias y empresas que, cumpliendo toda la normativa autonómica, han visto limitada o bloqueada su capacidad de operar por un modelo que el Supremo acaba de tumbar”, denunció la presidenta de Fevitur y de la Asociación de Viviendas Turísticas de la Comunidad Valenciana (Aptur CV), Silvia Blasco. Agradeció a la Generalitat Valenciana su implicación y defensa del sector.

La patronal resaltó que la sentencia confirma que “el problema nunca fue la transparencia, la digitalización ni el intercambio de datos exigido por Europa”, sino “construir una arquitectura estatal expansiva, jurídicamente frágil y competencialmente discutible” porque el reglamento europeo “jamás obligaba a crear un registro estatal”.

“La anulación del Registro Único cierra una etapa de sobrerregulación y abre otra en la que será necesario rediseñar un modelo más inteligente, interoperable y respetuoso con el reparto competencial y con la seguridad jurídica”, explicó Blasco.

Por otra parte, el Supremo mantiene la Ventanilla Única Digital, el intercambio de información y la coordinación entre administraciones para cumplir con las obligaciones europeas, con lo que está completamente a favor Fevitur.

En este nuevo escenario, la patronal informó de que está recopilando documentación y casos concretos de operadores afectados con el objetivo de cuantificar con precisión los perjuicios sufridos y valorar la posibilidad de reclamar al Estado.