El objetivo de Foment es que la Audiencia Nacional promueva una cuestión de inconstitucionalidad contra el impuesto de patrimonio que considera confiscatorio, algo que prohíbe la Carta Magna.

Según presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ese límite del 50% es el que establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como cuantía no confiscatoria, y ello se apoya el recurso contra la orden ministerial que aprueba el modelo deImpuesto sobre el Patrimonio.

La intención de la patronal catalana es que se declare que esta regulación contraviene los tratados internacionales suscritos por España. Hasta ahora, la norma establece que la tributación conjunta del IRPF y patrimonio no puede superar el 60 % de la renta anual del contribuyente, pero fija una tributación mínima por el segundo, que puede hacer subir el umbral.