En una rueda de prensa en la sede de CEOE, el presidente de la patronal, Emilio Díaz, y la directora ejecutiva, Begoña Villacís, desgranaron las razones por las que SpainDC da un “rechazo frontal” al texto que el Ejecutivo a sacado a consulta pública.

“No estamos ante una obligación aislada; la suma de requisitos puede convertir esta regulación en un veto al sector, y el diseño es inviable”, advirtió Emilio Díaz. “Cuando una norma impone obligaciones de esta intensidad, la cobertura legal tiene que ser especialmente sólida”, abundó Villacís.

El último informe anual de SpainDC cifra en 66.900 millones de euros la inversión directa e indirecta acumulada por el sector hasta 2030. Sin embargo, con este nuevo planteamiento legal promovido por el Gobierno, la patronal teme que estaría en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de elegir España como destino.

RETROACTIVIDAD

Uno de los principales motivos de rechazo de SpainDC es que el proyecto normativo no afecta únicamente a futuras inversiones, sino también a proyectos que llevan años desarrollándose e invirtiendo bajo el marco regulatorio actual.

Determinados proyectos que ya cuentan con permisos de acceso y conexión concedidos tendrían seis meses para adaptarse; esto significaría, apuntan desde SpainDC, que compañías que ya tiene comprometidos suelo, licencias, obra, financiación, equipamiento, contratos energéticos o acuerdos con clientes deben empezar a planificar de nuevo desde cero.

Las objeciones de las empresas afectadas alcanzan también al régimen de consecuencias previsto. El proyecto contempla ‘recargos’ de entre el 300% y el 500% sobre determinados peajes y cargos, pero Villacís expresó sus dudas de que, por su magnitud, sean realmente sanciones camufladas.

Entre las alegaciones al decreto presentadas por SpainDC también figuran las relacionadas con la combinación que se hace de adicionalidad renovable y correlación temporal. El texto, además de exigir una cobertura del 80% mediante nueva generación renovable y obligar a generar la misma cantidad de energía que se consume, añade la obligación de garantizar que la energía que se consuma en una hora determinada haya sido producida en esa misma hora. Esto convierte cualquier proyecto actual en inviable técnica y económicamente.

“No tiene sentido exigir nueva generación renovable cuando ya hay horas en las que estamos vertiendo energía renovable porque el sistema no puede absorberla. Antes de obligar a construir más, deberíamos aprovechar mejor la que ya tenemos”, sostuvo Díaz.

Al mismo tiempo, las alegaciones cuestionan que el Gobierno asuma determinadas competencias en materias relacionadas con el acceso, la conexión y la regulación energética que SpainDC considera atribuidas legalmente a la CNMC como regulador independiente.

A pesar de considerar que el texto actual necesita una reconsideración total, SpainDC reiteró este viernes su disposición al diálogo, a las mesas técnicas y al trabajo conjunto con el Ejecutivo y los ministerios implicados.