Según informó la patronal este martes, la petición pasa por modificar la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación para excluir a estas obras de sus limitaciones y facilitar mecanismos automáticos de revisión de precios.

La organización advierte de que la subida de los costes de producción, agravada por el repunte de la inflación, está poniendo en riesgo la viabilidad de numerosos proyectos. En concreto, los sobrecostes en actuaciones como las carreteras se sitúan en una media del 15% en 2026 y alcanzan el 30% en trabajos de rehabilitación de firmes.

El sector señala además que el impacto de la crisis energética afecta ya al 90% de las empresas, mientras que el 56% ha ralentizado su actividad y un 22% alerta de posibles efectos sobre el empleo.

La patronal subraya que la construcción es uno de los sectores más expuestos al incremento de costes y reclama que no quede excluida del próximo paquete de medidas económicas, como ocurrió tras el Consejo de Ministros extraordinario que se celebró por la Guerra en Irán.

A su juicio, la introducción de mecanismos eficaces de revisión de precios resulta clave para garantizar la continuidad de las obras y evitar un freno en la inversión en infraestructuras y vivienda.