Así lo advirtió la patronal en un comunicado en el que puntualizó que el sector de atención a la dependencia “ya enfrenta una escasez crítica de profesionales cualificados, con dificultades crecientes para contratar y retener talento”.

“La reducción de jornada sin planificación ni recursos adicionales habría exigido un aumento inmediato de plantilla, algo prácticamente imposible en las actuales circunstancias. Esto habría agravado la crisis de personal, incrementado los costes operativos y puesto en riesgo la continuidad y calidad de los servicios prestados”, agregó.

Tras reivindicar que la atención a las personas dependientes “es intensiva en personal y requiere continuidad y especialización”, deslizó que cualquier disminución de horas disponibles “sin medidas compensatorias habría generado un escenario insostenible, con riesgos claros de fragmentación del servicio y de pérdida de confianza entre cuidadores y usuarios”.

“Con una jornada reducida sin recursos adicionales, el sector habría afrontado una presión inasumible, con riesgos para la continuidad y calidad de los servicios y con un impacto económico directo sobre las entidades proveedoras y las familias usuarias”, prosiguió la patronal, convencida de que el aumento de plantilla necesario para garantizar la atención “habría supuesto costes adicionales que muchas entidades no podrían asumir, afectando directamente a la viabilidad económica de los servicios”.

SECTOR EXIGENTE

Asimismo, consideró que la redistribución de tareas entre más profesionales podría derivar en contratos parciales, precariedad y mayores dificultades de gestión en un sector “altamente especializado y exigente”.

En este contexto, el presidente de FED, Ignacio Fernández-Cid, advirtió de que “insistir en una medida así, en un sector ya afectado por la angustiosa falta de profesionales, sería una temeridad que pondría en riesgo a las personas dependientes y a los profesionales que las cuidan”. “Nuestro sector necesita soluciones responsables, consensuadas y sostenibles, no experimentos que agraven la crisis de personal y la viabilidad económica de los servicios”, abundó.

La federación recordó que cualquier iniciativa que afecte a la jornada laboral debe abordarse con “planificación, consenso y medidas compensatorias claras”. “Repetir la propuesta sin resolver las carencias estructurales del sector sería una acción irresponsable y peligrosa para millones de personas dependientes y para las entidades que les prestan servicio”, agregó.

Por su parte, el presidente de Asade, Ignacio Gamboa, recordó que la jornada es “una materia central, nuclear” de la negociación colectiva y puntualizó que el hecho de que “no se haya impuesto” la reducción de jornada “es un paso para permitir ese diálogo y esa negociación que permita adaptar los contratos, mejorar las condiciones laborales paso a paso, actividad a actividad y entendiendo cuáles son las necesidades de los servicios y de las personas y entidades que los prestan”.