Anpier señala en un comunicado que se está instaurando un modelo de implantación de renovables "mal dimensionado y poco social, donde se prima a los grandes parques y a las grandes empresas -en algunos casos incluso con capital extranjero o en manos de grandes fondos internacionales- frente a los pequeños parques de hasta 5 MW y frente a nuestras pequeñas y medianas empresas".

La asociación cree que a esta dinámica contribuyó la primera subasta para el otorgamiento del Régimen Económico de Energías Renovables, celebrada el pasado 26 de enero de 2021, y en la que se adjudicaron un total de 3.034 MW, "que se concentraron en tan solo 32 empresas adjudicatarias".

Añade que esa tendencia trató de corregirse en la convocatoria del pasado octubre de la segunda subasta para el otorgamiento del Régimen Económico de Energías Renovables, en la que una de las cuatro reservas mínimas a adjudicar, en concreto 300 MW, se destinaba a instalaciones fotovoltaicas de generación distribuida con carácter local, de potencia igual o inferior a 5 MW y que conecten a la red de distribución a una tensión igual o inferior a 45 KV, pero por la premura de tiempo de la convocatoria de la puja, por la falta de puntos de conexión y por las condiciones económicas de la misma, únicamente se adjudicaron 5,75 MW de tal reserva.

"Existe un insalvable impedimento para estas instalaciones: la falta de puntos de conexión y evacuación, que actualmente se encuentran acaparados por grandes operadores, que en muchos casos ni siquiera tienen intención de construir. Esto se traduce en que los interesados en desarrollar estas pequeñas instalaciones locales se encuentran sin acceso disponible, salvo que los adquieran de los operadores que los acaparan, por elevadas cantidades de dinero", añade Anpier.

La otra gran barrera que ve la asociación es la imposibilidad de competir en costes con instalaciones de cientos de MW, sin que ello suponga energía más barata para el consumidor final. A juicio de Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier, “estamos ante una cuestión, la del tipo de propiedad, que condiciona el tipo de tejido económico y social de cada Estado, puesto que si en cada sector se tendiera al fomento de mega factorías de cualquier naturaleza, para procurar una optimización de costes para sus grandes propietarios, estaríamos condenando a nuestros ciudadanos a ser meros operarios a merced de un grupo reducido de empresas en cada ámbito productivo, lo que no se compadece con el modelo social y de derecho querido por nuestra sociedad”.

Por ello, para atraer una elevada concurrencia a esta tercera subasta, y, por tanto, para su éxito, Anpier considera que el precio de reserva (a partir del cual no se aceptan las propuestas), no debe tener carácter confidencial, sino ser fijado y conocido previamente a la celebración de la subasta, y por tanto con carácter previo a la calificación y prestación de garantías por los participantes, no debiendo estar por debajo de 49,00 €/MWh para que la convocatoria sea interesante, y viable, a las entidades y pequeñas y medianas empresas locales.

Anpier considera que un precio alejado de los 49 €/MWh compromete la viabilidad de estas instalaciones, en especial con los costes de los equipos en máximos y con una inflación al alza.