La Sección Segunda de la audiencia cacereña considera un hecho probado que Casto Gómez, alcalde de Santibáñez El Alto desde 1987 hasta 1991, firmó a diversos obreros de la localidad una serie de jornadas en las nóminas del Plan de Empleo Rural que en realidad no fueron trabajadas, pagando a la Seguridad Social las cuotas correspondientes a las mismas. Entre estos obreros se encontraban el propio alcalde y su esposa.

El tribunal ha contabilizado un mínimo de 1.151 jornaas no trabajadas en las nóminas del PER, lo que ha supuesto un desembolso adicional para el ayuntamiento por pago a la Seguridad Social de 208.792 pesetas, cantidad que ahora deberá aportar el ex alcalde.