Pimente anunció que el Ministerio de Trabajo tiene la intención de potenciar los planes de empleo en zonas rurales deprimidas, y dejó claro que estos programas de empleo no se verán afectados por los recortes presupuestarios del Gobierno.

El responsable de Empleo, que no ha precisado la forma en que van a potenciarse estos planes, indicó que el proceso de austeridad económica del Gobierno va a tener excepciones, y aseguró que el recorte no afectará al conjunto de políticas sociales y de medidas de fomento de empleo.

Pimentel, que se va a reunir esta tarde con los dirigentes de los sindicatos en Castilla-La Mancha, ha manifestado que "voy a poder asegurarles que estas partidas no van a disminuir porque, por lo menos, el dinero que tenemos este año se va a mantener". Agregó que también el gasto en pensiones y en ayudas a desempleados está garantizado.

El secretario general de Empleo anunció que en los próximos días tiene intención de reunirse con responsables de distintas comunidades autónomas para pefilar la forma en la que los planes de empleo se van a aplicar en zonas que tengan unas características socio-económicas similares a las de las comarcas de Andalucía y Extremadura, en las que ya se aplica el PER.

REACCION SINDICAL

Por su parte, los representantes andaluces de los sindicatos UGT, CCOO y SOC mostraron hoy, en declaraciones realizadas a Servimedia, su oposición a que el Inem administre el PER, en lugar de los ayuntamientos.

El más tajante fue el sindicato de jornaleros SOC. Su lídr, Juan Manuel Sánchez Gordillo, calificó esta posibilidad de "barbaridad" y "disparate", puesto que es "antidemocrático" retirar de la gestión del PER a una institución pública como los ayuntamientos, directamente implicados en la ejecución del mismo.

Por contra, el SOC defiende la constitución de comisiones locales de empleo, en las que estén representadas ayuntamientos, Inem y sindicatos, que decidan sobre la contratación de los trabajadores en los jornales previstos cada año en el PER.

Esta e la principal diferencia entre el SOC y los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, ya que estos últimos sí proponen que se les quite a los ayuntamientos la capacidad de contratación y se le conceda esta competencia en exclusiva al Inem. Sin embargo, se oponen a que se les retire la gestión de los fondos del PER.

Para Cristóbal López Segura, secretario de Organización de la Federación de la Tierra de UGT de Sevilla, "no es factible que el Inem se pueda hacer cargo de los proyectos y de la ejecución de la obras del PER en los distintos municipios andaluces". A su juicio, la misión del Inem debe ser verificar la documentación presentada por los ayuntamientos para concederles las subvenciones, que en 1996 ascienden a un total de 17.000 millones.

En parecidos términos se pronunció Rafael Sánchez García, secretario de Organización de CCOO del Campo de Jaen, quien opina que los fondos del PER "sirven a los pequeños municipios para aliviar su asfixia económica", y sin ellos las corporaciones locales se convrtirían en "malas gestorías de sus funcionarios".

Lo que sí solicita CCOO es que las comisiones locales de empleo sirvan sólo para decidir sobre los proyectos, y no para la contratación de trabajadores, porque "quien es un sindicalista para decidir a quien se contrata o no".