Peramato hizo esta consideración en su discurso de apertura del Año Judicial, que se celebró en el Tribunal Supremo bajo la presidencia del Rey. En su intervención, la fiscal general indicó que asume que la sociedad actual se caracteriza “por una creciente demanda de transparencia y por una legítima exigencia de rendición de cuentas a las instituciones públicas”. Sin embargo, se quejó de que su institución sea sometida a la “descalificación sistemática” ni que se dé de ella una imagen “que no se corresponde con la realidad”.

Lamentó “en ocasiones se pretende presentar la actuación procesal de los fiscales mediante simplificaciones incompatibles con la complejidad jurídica de los asuntos en los que intervenimos” o “se cuestionan duramente decisiones procesales concretas sin atender a los fundamentos legales que las sustentan”.

“LEGALIDAD E IMPARCIALIDAD”

También sostuvo que, en determinadas circunstancias, se atribuyen “gratuitamente” a sus subordinados “motivaciones espurias donde únicamente existe una valoración jurídica”. “Se distingue”, afirmó, “entre buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten convenga a unos o a otros, olvidando que todos y todas pertenecemos a una institución única que actúa de forma imparcial en los procedimientos, con sujeción exclusivamente a la ley”.

Afirmo que la actuación de “todos” los fiscales “se rige por los principios de legalidad e imparcialidad y sus decisiones están sometidas al criterio último de los tribunales”. “Sus dictámenes y escritos procesales se fundamentan únicamente en criterios jurídicos”, apuntó, al tiempo que añadió que “su labor cotidiana transcurre, en inmensa medida, lejos de los focos mediáticos”.

Además, se refirió a que combatir las prácticas corruptas exige de su institución el “máximo rigor, independencia y determinación”, al tiempo que indicó que hacer frente a estos delitos es una de las “prioridades estratégicas” de su mandato.

Añadió que la corrupción es algo “que erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones, distorsiona el correcto funcionamiento de los poderes públicos y compromete los principios de integridad y servicio al interés general que deben presidir toda actuación pública”.

“NORMALIDAD” Y “DIGNIDAD” EN CEUTA

Respecto a la situación en Ceuta, dijo que la “normalidad” en esta ciudad autónoma, tras la avalancha migratoria de julio, “no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas”, en alusión a las miles de personas llegadas desde Marruecos.

La fiscal general lazó “un mensaje de reconocimiento y solidaridad a la ciudadanía de Ceuta”, puesto que, desde lo ocurrido en julio, está haciendo frente “a situaciones especialmente complejas con serenidad, responsabilidad y con cercanía a las personas migrantes en condiciones de especial vulnerabilidad que han llegado a nuestras fronteras”.

Asimismo, se refirió al combate contra el narcotráfico y la asfixia financiera de las bandas criminales frente a su creciente sofisticación en lugares como el Campo de Gibraltar. Afirmó que la respuesta institucional no puede limitarse a la incautación de sustancias estupefacientes, ya que "resulta imprescindible impulsar investigaciones patrimoniales y financieras" de estas tramas.