El Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid había citado este martes a los tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso investigados por el escándalo de la gestión de las residencias públicas durante la pandemia de covid-19.

Sólo él se presentó a declarar ante el juez. Los otros dos citados, Carlos Mur, su predecesor en el cargo y firmante de los protocolos, y Pablo Busca, ex responsable del Summa 112, no acudieron a la cita, se encuentran en paradero desconocido y la acusación pidió que se ordene su busca y captura.

El sucesor de Mur en la Coordinación Sociosanitaria también indicó ante el juez que muchas residencias no estaban medicalizadas "porque no había material suficiente ni personal sanitario disponible" y dijo que su nivel de atención médica era desigual porque unas residencias contaban con más recursos que otras.

Fuentes presentes en la declaración indicaron que tras asegurar que en algunos casos la atención era claramente “insuficiente” explicó que en esos días “no existió una estrategia real” y “la medicalización no se llegó a implementar”, pese a que éste ha sido uno de los principales argumentos defendidos por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para defender su gestión.

La acusación que ejerce una familia insiste en que Peromingo desempeñó un papel esencial en la elaboración de los protocolos, que su intervención fue “necesaria e imprescindible” y que participó en la redacción del protocolo técnico que posteriormente se aplicó.