Así lo indicó Antoni Vila, asesor del Gobierno del Principado e investigador en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Miembro del Consejo de Bienestar Social del Ayuntamiento de Barcelona, patrono de la Fundación Pilares para la autonomía personal y de la Fundación Granés y participante en el Consejo asesor de la Taula del Tercer sector de Catalunya, Vila ha sido profesor de Trabajo Social en las Universidades de Barcelona y de Girona.

Según explicó, tras ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Andorra procedió a modificar su Ley Electoral y de Referéndum, a fin de incorporar aquellas medidas que “permitieran las adaptaciones necesarias para que las personas con discapacidad accedieran al ejercicio del sufragio de forma autónoma”.

Para ello, “nos pusimos en contacto con la delegación de la ONCE en Catalunya, que es la más próxima a Andorra”, ya que “es la organización con más recursos técnicos y con mejor criterio a la hora de orientar en el cumplimiento de la Convención de la ONU, sobre todo en el caso de las personas con discapacidad visual”.

“Fueron ellos quienes nos sugirieron la posibilidad de votar mediante códigos QR”, afirmó, pues “nosotros teníamos una idea más similar a lo que se hace en España, con la entrega de toda la documentación en braille”. Esto permite que las personas ciegas puedan elegir su papeleta con total independencia y autonomía, pero han de hacerlo en su casa y tras solicitar ‘el paquete’ en Correos.

“Nos pareció que si se incorporaban Códigos QR a las papeletas, la identificación y elección del voto por parte de las personas con discapacidad grave sería mucho más accesible, autónoma y fácil”, afirmó.

Vila explicó que primero se consultó a los propios interesados, es decir, a los habitantes de Andorra con discapacidad visual grave. “La gran mayoría de ellos están afiliados a ONCE Catalunya”, indicó, y “además disponen de las aplicaciones necesarias en sus teléfonos”.

La experiencia se probó en las elecciones municipales y también en los comicios generales del Principado, tras los cuales se organizó una consulta con los participantes. Según Vila, ambas votaciones “transcurrieron sin problemas técnicos” y “todas las personas (que utilizaron estos códigos) se mostraron muy satisfechas de haber podido votar con total independencia y autonomía”.

“Los resultados fueron muy positivos”, y quiso agradecer “la colaboración de la ONCE con el Gobierno de Andorra”. “Sin duda, ha sido una experiencia muy interesante”, declaró.

NORMATIVA EN ANDORRA

El reglamento de aplicación de medidas para reforzar la garantía de la autonomía del ejercicio del voto de personas con discapacidad establece que toda la información electoral ha de ser accesible para este colectivo.

Con este objetivo, señala que los espacios de propaganda han de incorporar subtítulos y contempla el uso de la lengua de signos y de pictogramas para personas con dificultades cognitivas.

Del mismo modo, recoge el empleo del braille y de dispositivos que convierten los datos en audio para las personas con discapacidad visual grave.

Además, los sobres de las elecciones generales deben contener un código QR para distinguir cuál corresponde a comicios municipales y cuál a los generales, y este mismo sistema se incorpora a las papeletas, a fin de identificar a qué partido pertenecen. De este modo, usando un dispositivo adecuado con auriculares, la persona interesada puede escanear el código y escuchar la información.

Quienes no dispongan de este dispositivo podrán solicitarlo durante los cinco días posteriores a la convocatoria electoral y el Gobierno deberá facilitarlo al presidente de la mesa.

El reglamento prevé además un "voluntario" acreditado por el Gobierno o el ayuntamiento en los colegios electorales para acompañar y ayudar en el recorrido a los electores con discapacidad, en situación de dependencia o enfermedad grave.

Con una antelación mínima de 10 días, Las personas con discapacidad pueden pedir a la Junta Electoral que alguien de su confianza les preste asistencia para votar.

En caso de discapacidad o enfermedad grave que impida ejercer el derecho a voto, se permite delegar el sufragio, y aquellas personas con "graves problemas de movilidad" tienen también derecho al transporte adaptado o asistido.