Estos datos forman parte de las conclusiones del informe ‘Estado del Odio 2026’ presentado recientemente por la Felgtbi+ y elaborado a partir de una encuesta realizada por 40dB con la colaboración de miembros de un equipo de investigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP, CSIC).

La investigación también revela que las personas Lgtbi+ en situación de desempleo presentan un riesgo mayor de sufrir determinadas formas de odio en comparación con quienes trabajan o estudian.

En este sentido, la presidenta de la Felgtbi+, Paula Iglesias, aseguró que “estar en situación de desempleo o tener bajos recursos económicos son factores que incrementan significativamente la posibilidad de ser víctima de odio Lgtbifóbico”.

Por eso, si las empresas “implementan el real decreto destinado a garantizar la igualdad Lgtbi+ en los espacios de trabajo, reducirán la Lgtbifobia que resta oportunidades de contratación y promoción al colectivo y le protegerían frente al odio”.

En su caso, la coordinadora del grupo Laboral de la Felgtbi+, Meritxell Salazar, explicó que “cuando la violencia o discriminación ocurre en el ámbito laboral, las barreras para denunciar y acceder a recursos de protección son mayores debido a las relaciones de poder y al miedo a represalias”.

Además, el informe expone que el centro de trabajo es el lugar donde más agresiones sexuales con intimidación contra personas Lgtbi+ se producen: un 21% frente al 15% que suceden en la calle. De hecho, el ámbito laboral ha pasado de ser el sexto lugar donde más violencia sufría el colectivo a ser el segundo escenario principal donde ocurren hechos de odio (13% de los casos registrados), solo por detrás de la vía pública.

Así pues, Salazar reclamó también que las empresas con más de 50 empleados cumplan el real decreto de igualdad Lgtbi+, que obliga a implantar planes y protocolos contra la discriminación. Del mismo modo, incidió en que estas medidas ayudan a prevenir el acoso y la violencia en el trabajo y recordó que la “prevención de las agresiones en el entorno laboral es una responsabilidad empresarial estructural, no opcional”, además de facilitar denuncias seguras y reducir la impunidad.

Por su parte, Iglesias instó a las empresas “a cumplir la ley y hacer de sus lugares de trabajo espacios más seguros” y ofreció el apoyo de la federación a través de programas de visibilización. Además, pidió un pacto de Estado contra los discursos de odio, alertando de que normalizan la violencia y afectan especialmente a las personas Lgtbi+ con menos recursos.