TTM España entregó un documento a Zapatero en el que pide que la tartamudez se incluya en la lista de posibles discapacidades y que haya un test estándar para determinar su grado de severidad, pero que en ningún caso se considere una discapacidad mental.

Hasta ahora, la tartamudez no está reconocida como discapacidad y la obtención de certificados en los casos más graves de tartamudez depende, según este colectivo, del criterio de los profesionales "que les atienden en cada momento".

Además, denuncia la fundación de tartamudos, cuando se les otorga un certificado que reconoce su problema, se les considera discapacitados mentales.

"La integración social plena", indica el texto que la fundación entregó a Zapatero, "se logrará cuando las personas que tartamudean tengan, con independencia del grado de su disfunción del habla, los mismos derechos y oportunidades que las personas" con un habla fluida.

Esto supone, continúa el escrito, que se "normalice" la tartamudez cuando no sea discapacitante; es decir, que la sociedad la entienda "como una muestra más de la diversidad humana y que aprenda a interactuar con las personas que padecen esta disfunción, sin discriminarlas ni mofarse de ellas".

En el caso de que la tartamudez sea causa de discapacidad en la persona que la sufre, deben destinarse los recursos necesarios para combatir el problema que supone.

La tartamudez es una disfunción del habla que afecta al 2% de la población adulta (más de un millón de personas en España) y al 5% de la infantil y que se caracteriza por repeticiones y bloqueos, que pueden llegar a incapacitar a la persona que los padece al arruinar la posibilidad de comunicarse con los demás.

En casos severos, la tartamudez puede derivar en graves psicopatologías asociadas, que comprometen la eficacia de los posibles tratamientos.