La Ley de Bases de Protección Civil de Portugal incorporará desde este sábado la perspectiva animal al obligar a los municipios a disponer de un planeamiento para la búsqueda, salvamento y socorro de animales en catástrofes de todo tipo.

Esta medida parte del PAN, la formación animalista lusa que en los últimos seis años ha reclamado esta cuestión en la Asamblea de Portugal.

La Fundación Franz Weber demandó imitar esas “buenas prácticas” de Portugal en España, pues más de la mitad de los hogares españoles conviven con animales, un vínculo que se refuerza con mayor conciencia social sobre sus cuidados y que hasta ahora no ha llegado a plasmarse en protocolos o actuaciones específicas por parte de los medios públicos de emergencias.

Más de 15 millones de animales de compañía viven en los hogares españoles y la mitad de ellos son perros, mientras que los gatos representan cerca de un 40%, según la Estadística Nacional sobre la Protección Animal del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que incluye el primer estudio oficial del Gobierno sobre el número de animales de compañía en España.

Sectores especializados hablan abiertamente del refuerzo del vínculo emocional entre las personas y los animales con los que comparten casa, ya que perros y gatos han dejado de ser ‘animales de compañía’ para convertirse en miembros de la familia.

“OBLIGACIÓN”

La Fundación Franz Weber indicó que ello plantea la “obligación” de las administraciones públicas de responder a una realidad que, como se ha visto en los recientes incendios de la Madrid, Castellón, Ávila y Zamora, “respondía más al compromiso personal de agentes y bomberos que a un plan plasmado sobre una Ley o un Decreto”.

No obstante, esta fundación cuenta con una trayectoria consolidada interviniendo junto a equipos locales en catástrofes de distinto tipo, incluso como ‘partner’ de la Unesco en los Fondos de Respuesta Rápida.

Actualmente la FFW mantiene desplegada una misión veterinaria en Venezuela, que desde el 3 de julio ya suma más de 1.000 atenciones a animales y 20 toneladas de alimento y medicamentos distribuidos.

Lo mismo sucedió en el volcán de La Palma, donde apoyó a entidades locales en la evacuación de animales de las zonas más afectadas por la erupción e impulsó un sistema digital que permitió reencontrar a decenas de personas con sus animales de familia.

Intervenciones similares se dieron durante el terremoto de Ecuador o los huracanes Iota y Eta en San Andrés y Providencia.

“Gracias a estas experiencias se puede afirmar que los protocolos específicos de evacuación y atención animal en catástrofes no son una idea abstracta, sino una herramienta que ya ha demostrado funcionar en el terreno para las familias afectadas, y que en España sigue sin existir, al revés que Portugal”, según la Fundación Franz Weber.

COORDINACIÓN CENTRALIZADA

Por otro lado, el Partido Animalista Pacma solicitó a finales de julio al Ministerio del Interior la “creación inmediata” de una coordinación especial centralizada para garantizar la atención y evacuación de los animales que permanecen en viviendas, fincas, refugios, protectoras y explotaciones situadas en zonas desalojadas por los incendios forestales.

La formación política presentó un escrito dirigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante la situación provocada por los incendios que afectaban entonces a Madrid y Ávila, y por la aparición de nuevos focos en otros territorios, como Castellón.

El Pacma indicó que numerosos particulares, asociaciones, protectoras y responsables de explotaciones estaban siendo evacuados sin que se les ofreciera una alternativa para acceder a las instalaciones, proporcionar agua, alimento o medicación y comprobar el estado de los animales que dejaron atrás después de varios días.

Esta formación política aclaró que no reclamaba “accesos descontrolados” ni actuaciones que puedan poner en riesgo a las personas o dificultar las labores de extinción, sino un “sistema oficial” de entradas programadas, controladas y acompañadas por efectivos autorizados, siempre condicionado a la evolución del incendio y a la seguridad de cada zona.

"Es imprescindible que se dicten directrices para ayuntamientos, servicios de emergencia y fuerzas de seguridad para evitar respuestas contradictorias y decisiones improvisadas en cada municipio o punto de acceso", indicó Javier Luna, presidente nacional del Pacma.