De este modo, salió al paso de unas recientes declaraciones formuladas por un hijo del ex dictador chileno al canal de televisión CNN, donde expresaba el interés de su padre por abandonar Londres y establecerse en España.

En declaraciones a la Cope, Escardó dijo que si ese juicio fuese favorable "todo estaría resuelto", pero que, en caso cntrario, el general "puede optar entre apelar esa resolución o acatarla y si la acata y comparece en España como consecuencia de la extradición (...) no tendría que enfrentarse más que a los delitos que ha señalado el tribunal de los lores en Londres".

En este sentido, explicó que, de acuerdo con lo establecido por dicho tribunal, el ex dictador sólo debería someterse a un juicio por el presunto delito de torturas que se hubiere cometido entre diciembre de 1988 y la fecha en que el general cesó como jfe del Estado chileno, en 1990.

Escardó apeló a la Convención contra la Tortura firmada, entre otros países, por España y el Reino Unido, que exige que para que estos delitos se puedan juzgar en España "tiene que haber una cierta conexión territorial con España, es decir, que el torturador ha de ser español, la tortura ha de haberse cometido en España o que el torturado ha de ser español y parece que, en ese periodo (1988 a 1990), no hay ningún supuesto torturado español".