Murillo declaró a Servimedia que es "una respuesta de respeto a los tribunales de justicia", y resulta lógica después de que el presidente del Consejo de Estado, al que el Gobierno ha pedido un informe sobre el arbitraje, haya dicho que no considera "adecuado" este camino.

El abogado de la acusación aseguró que cree que el presidente del Ejecutivo, José María Aznar, ha entendid "el mensaje de la sociedad española, en el sentido de que hay que preservar por encima de todo la independencia del Poder Judicial y dejar que los jueces actúen".

En este sentido, Murillo reclamó al Gobierno que soporte las "presiones" que, hasta la celebración del juicio de extradición de Augusto Pinochet a finales de este mes en Gran Bretaña, recibirá de Chile.

A su juicio, estas presiones "se incrementarán en las proximidades" del juicio, por lo que instó al Ejecutivo a "que no se deje influi y guarde un total y absoluto respeto a la Justicia española".

Destacó que este es un caso "eminentemente jurídico" y que "no hay duda de que Pinochet va a tener en España un juicio justo, con todas garantías que tiene cualquier español y que son las de un país democrático".