Piqué, que hizo estas manifestaciones en la sesión de control al Gobierno al ser preguntado por el senador socialista Josep Ramón Modol, explicó que Economía y Hacienda está recabando la información precisa, en colaboración con las comunidades autónomas, al tiempo que evalúa el efecto que pudiera tener este proceso sobr los mercados locales de distribución comercial y los mercados de aprovisionamiento.

El ministro agregó que el objetivo del Gobierno es "poder presentar formalmente en el momento en que procesalmente sea conveniente la solicitud del caso a la Comisión Europea para su análisis, en cumplimiento de la normativa existente en materia de control de las operaciones de concentración entre empresas".

Dicho reglamento comunitario, recordó Piqué, establece que la Comisión Europea podrá remitir un caso de cocentración de dimensión comunitaria a las autoridades nacionales para que ellas decidan al respecto, cuando la operación afecte a la competencia de un mercado o mercados dentro del Estado miembro que pueda considerarse que no constituye parte estricta del mercado común.

Respecto a los efectos de la concentración en el sector de distribución sobre los proveedores como consecuencia de la mencionada fusión, Piqué anunció que el Gobierno ha incluido en el proyecto de ley de acompañamiento a la ley de prespuestos para el próximo año "una serie de medidas mediante la modificación de la ley del comercio minorista para evitar abusos hacia los proveedores".

"Estas medidas", explicó "se centran en la provisión de garantías suficientes para los proveedores sobre los plazos de pago por parte de los distribuidores y la normalidad de dichos plazos".