Los cálculos que maneja BSA, apoyados en un estudio de Price Waterhouse, indican que el 65% de los programas de ordenador que se están empleando en España son ilegales.

Según dicho informe, si se lograra invertir la situación, es decir, en lugar de dos tercios del mercado español en situación de ilegalidad sólo un tercio -en torno al 33%-, las empresas del sector doblarían su volumen de empleo, haciéndolo pasar de los 12.000 puestos de tabajo actuales a unos 25.000.

Los responsbales del sector admiten que el impacto de empleo es aún mayor, pero advierten que en informática, como en otros sectores dedicados a bienes de consumo masivo, es imposible erradicar las copias ilegales al 100%.

Otro factor determinante sobre el daño que la 'piratería informática' origina sobre el conjunto de la sociedad, según los responsables de BSA, es el impacto en las arcas públicas, es decir, el dinero que Hacienda deja de ingresar por las pérdidas qe provoca esta actividad en las empresas del sector.

Según las fuentes consultadas por Servimedia, sólo con reducir la ilegalidad a un tercio del total de programas que circulan en el mercado, los ingresos del Fisco se multiplicarían por dos y se situarían en unos 65.000 millones de pesetas al año.

EL TRIPLE EN EL 97

Aunque las fuentes consultadas se resisten a dar una cifra del esfuerzo económico de la industria para acabar con el uso ilegal de software, aseguran que se trata de miles de milloes de pesetas y señalan que en 1997 dichos recursos se van a triplicar.

La BSA cuenta con una amplia red de investigadores, asesores, abogados, técnicos, etc., que trabajan exclusivamente en la lucha contra el fraude informático y que se han propuesto que 1997 sea el año legal de BSA, es decir, el año en que la acción fiscal en colaboración con las administraciones de justicia y las fuerzas de seguridad permita aumentar considerablemente el desmantelamiento de redes comerciales piratas y la persecució de empresas que usan ilegalmente copias de programas.

Además, la alianza 'antipiratería' tiene previsto profundizar en el terreno autonómico desarrollando planes concretos para cada territorio, continuar con la mentalización de los usuarios y entrar en nuevos focos de delito como el CD-Rom o Internet.