Así consta en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio 2023, presentado este jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados.

Según dicho proyecto, el Plan Nacional sobre Drogas desarrolla una acción “coordinadora”, con la participación de las administraciones públicas, de las organizaciones sociales y de la ciudadanía en general, para abordar los problemas derivados del tráfico y consumo de drogas, así como de otras adicciones y con el objetivo de “reducir su incidencia”.

Además, cuenta con el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, que se nutre con los ingresos provenientes de dichos bienes decomisados, lo que permite a la Delegación del Gobierno contar con recursos económicos “adicionales”.

Desde la creación del Plan Nacional sobre Drogas en 1985 se han elaborado diferentes estrategias para establecer el marco de actuación de las políticas de drogas y drogodependencias en España, así como las “líneas generales” de ejecución de las mismas.

La Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 se concibe como un documento “participativo y de consenso”, acordado entre todas las administraciones públicas, las organizaciones no gubernamentales del sector, las sociedades científicas, los centros de investigación y todas aquellas instancias públicas y privadas que forman parte del Plan Nacional sobre Drogas.