Así se desprende de una investigación llevada a cabo por WWF España con datos de imágenes de satélite y ortofotografías aéreas que analizan los cambios y la evolución de los regadíos en el entorno de Doñana desde hace más de una década, y presentada este jueves en una rueda de prensa en Huelva.

Juanjo Carmona, coordinador para Doñana de WWF España, aclaró que se trata de “un trabajo técnico, no la opinión de los ecologistas”, y que esa labor tendría que haberla realizado la Junta de Andalucía antes de respaldar el plan presentado por el PP y Vox en el Parlamento regional.

La investigación señala que la ‘ley anti Doñana’, como la bautiza WWF España, podría llegar a legalizar hasta 1.903,7 hectáreas de superficie para regadíos en los municipios onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.

Ello equivaldría a unos 2.000 campos de fútbol y supondría ampliar en un 20% la superficie agrícola regable legalmente en la actualidad, que asciende a 9.418 hectáreas.

Además, supondría una cantidad más alta de las 750 hectáreas que, según Carmona, estima la Junta de Andalucía. “No es lo mismo tener suelo, agua, caminos y electricidad para 300 hectáreas que para 800 o para 1.000”, indicó.

De esas 1.903,7 hectáreas, 1.432,4 serían suelos agrícolas de secano y 471,3 de superficie forestal, en ambos casos transformadas ilegalmente en regables para cultivo de frutos rojos entre 2004 y 2014.

"INACEPTABLE"

Según WWF España, “ninguna” de esas 1.903,7 hectáreas cuenta con ningún derecho legal sobre la tierra ni el agua, por lo que deberían ser revertidas a su estado anterior y sancionados sus propietarios por regar ilegalmente.

Con esta ley, el Gobierno del presidente Moreno Bonilla aumentará la superficie de regadío y, por tanto, la presión sobre la exhausta Doñana, como le ha recriminado la Comisión Europea, permitiendo a los ilegales seguir robando agua y lucrándose gracias a un acuífero sobreexplotado, mientras esperan un agua superficial que no existe”, según Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España.

Del Olmo añadió: “Además, esta ley legalizaría definitivamente la transformación de cientos de hectáreas forestales y de secano de alto valor para la biodiversidad en cultivos bajo plástico”.

“La ley ‘anti Doñana’ es inaceptable. Supone una burla para los agricultores honrados y un premio para los ilegales que vulneran las leyes deliberadamente y a los que se les reconoce un derecho inexistente que no han probado ante tribunal alguno, y supondrá un enorme negocio especulativo ya que se multiplicará el valor de sus tierras de secano”, concluyó.