Según informó Agricultura, así lo transmitió Planas en la XVII sesión ordinaria del pleno del Observatorio de la cadena alimentaria, en el que están representados los productores, los pescadores, la industria, la distribución, los consumidores, la administración general del Estado y las comunidades autónomas.

Además, defendió que la modificación de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que entró en vigor en diciembre de 2021, “funciona” y ha logrado subir los precios en origen al productor.

En esta línea, indicó que el funcionamiento de la ley queda patente cuando se analiza lo que ha pasado con los precios en origen que perciben los agricultores y los ganaderos. “Su evolución ha sido positiva”, sentenció.

A este respecto, señaló que en líneas generales los datos económicos de los que dispone el Ministerio apuntan a que desde enero de 2022 hasta diciembre de 2023 los precios en origen han subido de forma muy significativa, incluso si se descuenta la inflación derivada del incremento de costes, que tuvo su momento más álgido en octubre de 2022, a los seis meses del inicio de la guerra en Ucrania.

A pesar de ello, admitió que esta evaluación en términos macroeconómicos hay que acompañarla de otra lectura microeconómica, que evidencia que hay situaciones comerciales muy diversas en las que de forma puntual sí ha habido mayores dificultades en la aplicación de la ley de la cadena.

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio, es la que coordina la inspección y las denuncias que reciben tanto esta organización como las autoridades de ejecución de las comunidades autónomas encargadas de controlar el cumplimiento de la ley.

Por ello, Planas invita a que los representantes del eslabón más débil de la cadena, las organizaciones agrarias, formalicen denuncias de sus asociados ante las autoridades competentes, a la vez que solicita a los responsables autonómicos que profundicen en su labor de control y tramitación de denuncias, que siempre garantizan la confidencialidad para no perjudicar al que la ha presentado.

A las autonomías les pidió también que envíen aquellos estudios de costes que consideren que puedan ser de interés y que quieran compartir para que puedan ser publicados en un apartado específico que se va a crear en la web del Ministerio.