Los proyectos del equipo de Gobierno municipal, del Partido Popular, prevén construir un total de 54.520 viviendas, de las que una media del 33 por cien serán de régimen libre. El resto, pueden ser viviendas de precio tasado, públicas o de protección oficial.

Las viviendas se repartirán de la siguiente manera: 16.900 en Vallecas Villa, 10.350 en Carabanchel, 9.180 en la carretera de Burgos, 8.890 en Sanchinarro, 6.150 en Monte Carmelo y 3.050 en Arroyodel Fresno.

El PSOE, que presentó la semana pasada sus alegaciones en el registro municipal, criticó hoy en rueda de prensa que estos PAUS, "la decisión más importante para el futuro de la ciudad", se han decidido al margen de la actual revisión del Plan General Urbanístico de 1985.

De esta manera, "se hurta al conjunto de los ciudadanos la posibilidad de discutir la conveniencia o no de esta operación, al tiempo que se elude su participación en el diseño del futuro de Madrid".

Se trata, en pinión de los socialistas, de una operación de recalificación de diez millones de metros cuadrados "paralela" a la modificación del Plan General, "diseñada para la iniciativa privada, negativa para la ciudad, basada en planteamientos falsos y que no resuelve el problema de la vivienda social en nuestra ciudad".

Según Juan Barranco, la rebaja del número de viviendas que se iban a construir, de 73.000 a 54.000, "no reduce, como se ha indicado, la concentración, ya que al elevarse el volumen de edificabiidad se generan aún mayores plusvalías para los propietarios de los terrenos".

IMPACTO AMBIENTAL

"Tampoco se ha hecho", añadió Barranco, "un estudio del impacto ambiental de estos PAUS en zonas como el Monte de El Pardo, no se tiene en cuenta la rehabilitación de otras zonas ni la creación de espacios libres, recortando otros ya previstos, como la Casa de Campo del Este".

El concejal del PSOE anunció que su grupo presentará un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo por los atentados contra el edio ambiente que lleva implícitos la ejecución de estos planes.

Barranco recordó la propuesta alternativa del PSOE para construir 96.000 viviendas de protección oficial y de alquiler en el suelo ya calificado urbanizable en el Plan General.

Por el contrario, el PP insiste en estos PAUS generando, según el portavoz del Grupo Socialista, "unos beneficios de 35.000 millones de pesetas a los promotores y propietarios del suelo, que son expropiados a un precio cuatro veces mayor que el que les corresondería si ese suelo se hubiera reservado para vivienda social".

Barranco señaló que la corporación "tampoco obtiene beneficios, ya que recibe menos del 15 por ciento del aprovechamiento al que tiene derecho. Y mucho menos", añadió, "que si el procedimiento utilizado hubiera sido el de la expropiación al amparo de la ley del Suelo".