Así lo señaló la responsable de incidencia de Plataforma de Infancia, Almudena Escorial, que además añadió que "grantizar los derechos de la infancia no solo es una obligación ética y legal, sino una condición indispensable para la cohesión social, el desarrollo económico y la sostenibilidad democrática”.

La Plataforma de Infancia planteó medidas prioritarias que la organización considera “urgentes” para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en 2026 como la aprobación de una prestación universal por crianza, la ampliación de los permisos por nacimiento y la remuneración de los permisos parentales, junto al refuerzo del sistema de protección y la reducción de la segregación escolar.

La organización realizó estas y otras medidas para hacer frente a la pobreza infantil, la desigualdad educativa o la violencia contra la infancia, recogidas en el documento 'Propuestas de infancia para la XV legislatura. 2026'.

Estas propuestas "responden a desafíos estructurales persistentes en España, como los altos niveles de pobreza infantil, las desigualdades en educación, las carencias en el apoyo a la crianza o la violencia contra la infancia, que requieren respuestas integrales, sostenidas y basadas en la evidencia", recalcaron.

El documento recoge los principales retos detectados a lo largo de 2025 en ámbitos como el apoyo a la crianza, la pobreza infantil, la educación, la participación, el entorno digital, la violencia, el sistema de protección, la migración o el medio ambiente, y formula propuestas concretas para 2026 sustentadas en datos oficiales, evaluaciones independientes y estándares internacionales de derechos humanos.

Entre las medidas prioritarias, la Plataforma de Infancia planteó “la aprobación de una prestación universal para la crianza que acerque a España a la media europea en inversión en infancia, la ampliación de los permisos de nacimiento y la remuneración de los permisos parentales conforme a la normativa europea, así como la necesidad de garantizar que los procedimientos de determinación de la edad respeten los estándares internacionales de derechos humanos”.

Asimismo, la organización subrayó “la importancia de reforzar el sistema de protección, promoviendo el acogimiento familiar y asegurando la existencia de figuras de referencia en los recursos, en línea con lo establecido en la Ley Orgánica 8/2021”, además de reclamar “avanzar en la reducción de la segregación escolar mediante una mayor inversión en becas, así como prohibir la publicidad de alimentos no saludables dirigida a la infancia y la adolescencia”.

En el ámbito digital, el documento insiste en la necesidad de que la futura Ley Orgánica de Protección de las personas menores de edad en el Entorno Digital “garantice un enfoque basado en derechos y establezca obligaciones claras para las empresas tecnológicas”. Las propuestas, destacaron, se alinean con los compromisos asumidos por España en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y buscan contribuir a situar la infancia en el centro de la agenda pública.