A través de un comunicado emitido este miércoles, la organización advirtió de que la retirada de estas ayudas en función del origen o la nacionalidad de las niñas, niños y adolescentes “podría suponer una vulneración del principio de igualdad y no discriminación reconocido por la normativa nacional e internacional”.

La Plataforma de Infancia explicó que la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas establece que “los Estados deben garantizar los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes bajo su jurisdicción independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, y proporcionar una protección especial a quienes se encuentran privados de su entorno familiar”. Del mismo modo, la Constitución Española, en su artículo 39, “obliga a los poderes públicos a proteger a la infancia de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España”.

En la misma línea, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor reconoce el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a “disfrutar de sus derechos sin discriminación por motivos de nacionalidad, origen o raza y establece que las administraciones públicas deben adoptar las medidas necesarias para garantizar su bienestar”.

Ante esta situación, la Plataforma de Infancia recordó que todas las niñas, niños y adolescentes tutelados por la Administración Pública tienen derecho a recibir la misma protección, con independencia de su nacionalidad, origen o situación administrativa. Por ello, solicitó al Gobierno de Aragón que “facilite información sobre esta medida con el fin de conocer su alcance y su adecuación al marco jurídico de protección de la infancia” y le instó a “revocar cualquier medida que pueda ser discriminatoria o ponga en peligro el bienestar de la infancia bajo la tutela del sistema de protección”.

De la misma manera, la entidad anunció que se dirigirá al Defensor del Pueblo para trasladar la “preocupación” de las organizaciones de infancia ante una situación que “vulnera los derechos de las niñas y niños extranjeros no acompañados”.

Las organizaciones de infancia mostraron, además, su “preocupación por el incremento de los discursos de odio contra la infancia migrante no acompañada” y recordaron que las instituciones públicas “tienen la responsabilidad de contribuir a un debate público respetuoso con los derechos humanos, evitando medidas o mensajes que puedan fomentar su estigmatización”.