Según su pasaporte y su certificado de nacimiento, verificados por la Embajada de Gambia en España, el menor tiene 14 años, pero la Fiscalía pone en duda estos documentos. Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, exigió a la Fiscalía que "se proteja de manera urgente a este niño, representado por Fundación Raíces", y que se le vuelva a acoger en un centro de protección de menores, tal como solicitó la ONU a España.

Ante la denuncia presentada por Fundación Raíces en nombre del menor, el Comité de Derechos propuso el pasado 14 de febrero a España adoptar medidas provisionales para transferir al niño a un centro de protección de menores mientras el caso se encontrase pendiente de examen.

Asimismo, el Defensor del Pueblo sugirió a la Fiscalía General del Estado y a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid que realizaran las gestiones necesarias y adoptaran las medidas oportunas para proteger al niño. "A día de hoy, el menor sigue sin embargo en situación de calle y no se le ha dado una adecuada respuesta y protección", criticó Escorial.

El menor llegó en cayuco a Gran canaria y, aunque asegura que en todo momento declaró su edad, la policía de Las Palmas le registró como mayor de 18. Desde entonces, ha pasado por centros de Canarias y de otras ciudades de la península, siempre para adultos, hasta que superó el tiempo límite que la ley establece para que los mayores de edad permanezcan en el sistema.

Una vez en Madrid, entró en contacto con Fundación Raíces, donde una abogada le ayudó para conseguir su pasaporte --un familiar se lo hizo llegar y la Embajada de Gambia lo validó--. Gracias a ello pudo entrar en un centro de menores, aunque meses después la Fiscalía lo declaró mayor de edad, pues no aceptó los datos aportados por el chico.