Así lo expone la plataforma en su segundo informe de seguimiento de la Lopivi que pone de relieve ciertos avances, pero alerta de que su desarrollo e implantación plena continúa “siendo un reto”. “Muchas niñas, niños y adolescentes desconocen cómo comunicar situaciones de violencia y a quién dirigirse, lo que evidencia la necesidad de protocolos claros y figuras de protección activas en todos los ámbitos de su vida”, señaló la responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial.

“Aprobar la Lopivi supuso un hito histórico, pero es necesario un trabajo coordinado entre la Administración estatal y las comunidades autónomas, especialmente en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que debe superar las tensiones políticas existentes”, afirmó Escorial, que destacó que es fundamental definir marcos comunes que permitan implantar la ley en todos los territorios y garantizar que los derechos de la infancia y la adolescencia frente a la violencia se cumplan plenamente.

El informe destaca a nivel estatal que, aunque se registraron algunos avances, “persiste la ausencia de sistemas clave para garantizar la eficacia de la ley, como los Registros previstos, claves para contar con datos fiables que permitan conocer y dimensionar la violencia y diseñar políticas públicas adecuadas”.

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, y del Real Decreto 422/2025, supone “un paso adelante limitado, ya que solo establece secciones especializadas de violencia contra la infancia en Madrid, Cataluña y Andalucía”. Además, su implementación introduce la posibilidad de que los casos de violencia sexual contra niñas y chicas se traten en secciones de violencia sobre la mujer, y no en las secciones de violencia contra la infancia y adolescencia. “Aunque se reconocen avances en la justicia adaptada, no se integra completamente la perspectiva infancia ni un enfoque integral de derechos, especialmente en los casos de violencia sexual”, añadió Escorial.

Por otro lado, a nivel autonómico, el informe refleja una “gran diversidad” en el ritmo de desarrollo e implantación de las medidas previstas en la Lopivi. El ámbito de los centros de protección “requiere especial atención, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la infancia tutelada”.Además el informe señaló que “ la figura de referente de protección, prevista en la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y Adolescencia, aún no se ha puesto en marcha en ninguna comunidad autónoma”.

En ámbitos como el deporte, ocio y tiempo libre, aunque los protocolos deportivos están más desarrollados, los relativos al ocio y tiempo libre siguen siendo “escasos”. La implantación de la figura de “delegada o delegado de protección” continúa siendo “muy limitada”. En el ámbito educativo, la aplicación de medidas de protección es todavía “muy incipiente” y la figura del “coordinadora o coordinador de bienestar y protección” presenta grandes carencias en la mayoría de los territorios.