En un comunicado, la organización recordó que todos los niños, niñas y adolescentes “tienen derecho a ser protegidos”, con independencia de su nacionalidad, situación administrativa o forma de llegada a España, de acuerdo con el ordenamiento jurídico español y los tratados internacionales, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

La Plataforma de Infancia recordó que cualquier decisión que afecte a una niña o un niño “debe adoptarse atendiendo a su interés superior”, lo que “exige identificar a cada niña o niño, escucharle, evaluar de manera individualizada sus circunstancias y detectar posibles necesidades específicas de protección, incluyendo aquellas relacionadas con la solicitud de protección internacional o con situaciones de especial vulnerabilidad”.

La organización infantil también explicó que en este proceso deben participar diferentes profesionales con formación especializada, enfoque de infancia, género y derechos humanos, además de proteger “de forma adecuada” la salud mental de estas niñas, niños y adolescentes y dotarles de atención especializada y el apoyo psicosocial necesario.

Asimismo, la organización señaló que las devoluciones de niñas, niños o adolescentes no pueden realizarse de forma colectiva ni sin las garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico y recordó que el Tribunal Supremo ratificó en sus sentencias de 2024, ante las repatriaciones de niñas, niños y adolescentes desde Ceuta a Marruecos, que “los procedimientos de rechazo en frontera y devoluciones no están legalmente previstos para las niñas, niños y adolescentes”. El Tribunal Constitucional exigió “la identificación y determinación de las necesidades específicas de las personas migrantes en el marco del procedimiento de devolución”.

DISCURSOS DE ODIO

La Plataforma de Infancia mostró también su “preocupación” por el “aumento de los discursos que criminalizan a la infancia migrante” y remarcó que “detrás de cada llegada hay niñas, niños y adolescentes que huyen y que cruzan fronteras muy peligrosas y mortíferas, en este caso, a nado, debido a la voluntad de querer mejorar sus vidas y las de sus familias”.

“Su protección constituye una obligación legal y ética que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos”, continuó la organización, que, además, insistió en que la respuesta a esta situación “debe llevarse a cabo desde el respeto a los derechos de la infancia, garantizando procedimientos individualizados, protección especializada y soluciones duraderas que respondan al interés superior de cada niña, niño y adolescente”.