La organización presentó este miércoles el informe ‘¿Cómo influye la financiación en el sistema de protección a la infancia y adolescencia en España? El reto de la desinstitucionalización’, incluido en el Observatorio de la Desinstitucionalización de Hogarizar, que analiza contratos y subvenciones adjudicados entre 2024 y 2025 y cifra en al menos 516,4 millones de euros la inversión comprometida en ese periodo para financiar el sistema que atiende a niñas, niños y adolescentes privados de cuidado familiar.

El informe señala que “los datos sobre financiación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia muestran una fuerte concentración del gasto en el acogimiento residencial, que absorbe el 82,3 % de la inversión, frente al 9,2 % destinado al acogimiento familiar y apenas un 4,4 % a prevención”.

La experta en datos del área de desinstitucionalización de la Plataforma de Infancia, Leire Olmeda, afirmó que “esta distribución evidencia una inercia a confiar el cuidado de niñas, niños y adolescentes a centros residenciales, lo que dificulta el avance hacia modelos más familiares y comunitarios”, y añadió que “estos datos llaman la atención si tenemos en cuenta que el Gobierno, con el acuerdo de las comunidades autónomas, ha fijado como objetivo que, para 2030, el 70 % de la infancia en protección esté acogida en familias, cuando actualmente se sitúa en torno al 51 %. La financiación, sin embargo, sigue orientándose en sentido contrario”.

El informe detecta también “importantes diferencias entre comunidades autónomas”, así como “un uso elevado de procedimientos de urgencia y emergencia en la contratación pública, que alcanza los 155,9 millones de euros”, y recoge que el 57,3 % de los contratos analizados cuenta con una única oferta, un dato que supera la media estatal y europea.

La responsable de desinstitucionalización de la Plataforma de Infancia, Sara Toledano, señaló que los datos “muestran diferencias importantes entre territorios y entre formas de gestión de los recursos, lo que genera desigualdades en el acceso y en la calidad de la atención. Si el objetivo es reforzar el acogimiento familiar y reducir la institucionalización de niñas, niños y adolescentes, es necesario alinear de forma coherente la inversión pública con ese objetivo político”.

Para la elaboración del análisis se recurrió a metodologías específicas de recogida y tratamiento de datos a partir de distintas plataformas públicas, desarrolladas por Political Watch. Su director de tecnología, Pablo Martín, afirmó que “para este estudio hemos tenido que recurrir a técnicas de recogida automatizada de datos a partir de múltiples plataformas públicas, lo que refleja un problema de base: la información es pública pero no es lo suficientemente accesible ni está 100% centralizada. Cuando esto ocurre, se limita las capacidades de evaluación de las políticas públicas y su impacto en la vida de niñas, niños y adolescentes. Mejorar la transparencia es clave para garantizar una rendición de cuentas efectiva”.

El informe también analiza la situación de la infancia migrante no acompañada y señala que “el 99,1 % de la inversión identificada se destina a acogimiento residencial”. En este sentido, Toledano afirmó que “los datos muestran que, en la práctica, la infancia migrante no acompañada es atendida casi exclusivamente en recursos residenciales. Esto supone que, según el origen, las niñas, niños y adolescentes no acceden en igualdad de condiciones a otras alternativas del sistema de protección, lo que apunta a una forma de discriminación institucional que debe corregirse”.

A partir de estos resultados, la Plataforma de Infancia plantea mejorar la planificación de los recursos públicos destinados al sistema de protección, reducir el uso de procedimientos de urgencia y emergencia y reforzar la estabilidad en la contratación de servicios esenciales.

Asimismo, el informe subraya la necesidad de reorientar de forma progresiva el modelo de financiación hacia el fortalecimiento del acogimiento familiar y las políticas de prevención, que cuentan con una inversión menor que el acogimiento residencial. En este sentido, Toledano afirmó que “solo un cambio estructural en el uso de los recursos públicos permitirá avanzar de forma efectiva en el proceso de desinstitucionalización y garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección”.