Lo hizo a través de un comunicado en el que recogió unas declaraciones de su presidente, Luciano Poyato, quien verbalizó su esperanza de que el Ejecutivo “desarrolle un intenso paquete de políticas sociales y de inclusión y que tenga en cuenta y facilite la participación del Tercer Sector como interlocutor fundamental”.

A su juicio, resulta “primordial que las políticas y derechos sociales cuenten con un ministerio propio que refleje la importancia de estas cuestiones y que impulse la colaboración y cooperación con el Tercer Sector”.

La Plataforma del Tercer Sector celebró que el acuerdo suscrito entre el PSOE y Sumar tenga “cierto carácter social” e incorpore “muchas” de sus propuestas. A pesar de ello, lamentó que otras cuestiones relevantes para sus intereses se han quedado fuera de esa entente.

En este sentido, exigió que se reforme el artículo 49 de la Constitución para “actualizarlo conforme a una visión exigente de derechos humanos”. Sobre este particular, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió durante el debate de investidura a modificarlo “por fin” en esta legislatura.

Ya en la pasada legislatura se trató de abordar este cambio, que es un reclamo de distintas asociaciones de personas con discapacidad, pero con la convocatoria de elecciones generales anticipadas y la disolución de las Cortes Generales que tuvo lugar el pasado 29 de mayo no se pudo avanzar más en este aspecto, también ante las diferencias del PP y PSOE que, durante años, han impedido un punto de consenso.

A su vez, la Plataforma del Tercer Sector planteó aumentar del 0,7% al 1% la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto de Sociedades destinada a proyectos sociales, ampliar la oferta de vivienda pública en alquiler asequible, reducir la pobreza la energética y mejorar la implantación y el alcance del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

En materia de salud, la PTS apostó por “garantizar el acceso universal y gratuito a la atención especializada por psicólogos y psiquiatras para toda la ciudadanía”.

Por su parte, demandó “una regularización para reconocer los derechos de las personas” que viven en España en situación administrativa irregular, aumentar el presupuesto destinado a las políticas de cooperación al desarrollo y la aprobación de una estrategia estatal de voluntariado.

Por último, conminó a aprobar que aquellas leyes y decretos “de gran importancia” que no se aprobaron en la pasada legislatura vean la luz en la presente, como la Ley Integral de Protección a las Familias, la Ley de Servicios Sociales, la Ley del Tercer Sector o la Ley de Voluntariado.