La organización destacó que la reforma introduce “cambios relevantes” para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, entre ellos la mejora de la asistencia personal, una mayor participación de las personas con discapacidad en las decisiones que les afectan, la reducción del uso de medidas restrictivas y un sistema de apoyos más flexible y adaptado a los proyectos de vida individuales.

Asimismo, valoró que la norma agilice el acceso a las prestaciones por discapacidad y dependencia, facilite la compatibilidad entre ayudas y servicios y favorezca la permanencia de las personas en su entorno comunitario.

El director de Plena inclusión España, Enrique Galván, afirmó que la reforma abre la puerta a un sistema “menos rígido”, capaz de adaptarse a las necesidades de cada persona, a su proyecto de vida y a su entorno de apoyos.

La entidad subrayó además que el texto desarrolla el enfoque de derechos recogido en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la reforma del artículo 49 de la Constitución, aprobada en 2024, al reforzar la autonomía personal, la inclusión y la vida en comunidad.

Entre los avances incorporados, Plena inclusión destacó también el refuerzo de la figura del facilitador en los procedimientos judiciales y el reconocimiento de la accesibilidad cognitiva como un elemento esencial para garantizar que las personas con discapacidad puedan comprender la información, los espacios y los trámites y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

La organización recordó igualmente que la reforma va acompañada de un incremento de la financiación estatal del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con una aportación adicional de 6.200 millones de euros, que, a su juicio, “debe traducirse en mejores apoyos y en una mayor capacidad de elección sobre dónde vivir y qué servicios recibir”.

No obstante, Plena inclusión advirtió de que siguen pendientes algunas cuestiones. Entre ellas, reclamó una regulación común del copago en todo el territorio nacional y pidió que las personas con menores ingresos “queden exentas de esta aportación económica”, al considerar que las familias de personas con discapacidad “soportan mayores gastos y un riesgo más elevado de pobreza”.

Asimismo, insistió en la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sector de los cuidados, mediante salarios más dignos, empleo estable y un mayor reconocimiento social, y reclamó “una mayor coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas” para garantizar que los nuevos derechos y apoyos “se apliquen de forma homogénea en toda España”.