El Pleno de la Cámara Baja dio luz verde a la reforma, que, según esta confederación, supone avances en el modelo de apoyos a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias. La organización, que agrupa a más de 950 asociaciones y apoya a más de 150.000 personas y a sus familias, confió en que las medidas cuenten con el respaldo de las comunidades autónomas, competentes en la materia.

Entre los avances del texto aprobado, la entidad destacó la mejora de la asistencia personal, el impulso de la participación de las personas con discapacidad y sus familias, la reducción del uso de restricciones, la promoción de la vida en comunidad y la agilización del acceso a las ayudas a la discapacidad mediante pasarelas desde la dependencia.

La reforma contempla además una cartera de prestaciones más flexibles y compatibles con las necesidades de las personas y de sus familias, según la confederación, que presentó numerosas aportaciones al proyecto de ley durante la fase de consulta pública.

El director de Plena inclusión España, Enrique Galván, afirmó que lo aprobado supone “un giro significativo que transita desde un sistema rígido y limitado a otro con mayor capacidad de adaptarse a las necesidades y el proyecto de vida de las personas y de sus familias en su entorno comunitario”.

CONVENCIÓN DE LA ONU

La confederación subrayó que la reforma conecta con el mandato de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el año en que se cumplen dos décadas de su aprobación.

También la vinculó con la reforma del artículo 49 de la Constitución, modificado en 2024, que cambió la terminología para referirse a las personas con discapacidad y puso el acento en ampliar la protección de los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad.

Por ello, la organización celebró que el Sistema de la Dependencia empiece a virar hacia un enfoque más orientado a la autonomía, la inclusión en la comunidad y la promoción de los derechos.

Plena inclusión resaltó asimismo que la norma consolida la figura del facilitador procesal, una reivindicación del sector para mejorar el acceso efectivo a la Justicia de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, entre otras.

Galván señaló que el nuevo texto “adquiere el compromiso de alcanzar mayores cotas de accesibilidad universal, incorporando la accesibilidad cognitiva, el derecho a entender la realidad, como una cuestión central que debe facilitarse”.

Las normas reformadas llegan acompañadas de un real decreto ley que mejora la financiación del sistema, con una aportación adicional de 6.200 millones de euros al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La entidad consideró que la medida genera la esperanza de que este pilar del Estado del bienestar tome “el rumbo adecuado”.

LO QUE FALTA

En el capítulo de las carencias, la confederación mostró su preocupación por la regulación del copago, que la reforma atribuye en exclusiva a cada comunidad autónoma en lugar de al Consejo Territorial, como hasta ahora.

Lamentó también que no se haya fijado por ley un umbral de capacidad económica exento de copago. El sector reclamaba situarlo en 2,5 veces el Iprem, una cantidad que tendría en cuenta el sobrecoste que soportan estas personas y sus familias y que, a su juicio, evitaría dejarlas en riesgo de pobreza.

La organización reclamó además que el plan de consolidación del sector de los cuidados y los apoyos afronte la dignificación de las condiciones de trabajo de unas profesionales que, según denunció, no cuentan hoy con el reconocimiento social ni con las condiciones que hagan atractivo este sector esencial.

Por último, llamó a articular una gobernanza con las comunidades autónomas que garantice el avance del sistema y haga efectivos los derechos en todos los territorios, en especial para quienes presentan más necesidades de apoyo.