Así lo explicó a Servimedia el director de Plena inclusión España, Enrique Galván, quien destacó que la aprobación del reglamento supone “un avance importante” después de más de 20 años de reivindicación del movimiento asociativo de la discapacidad intelectual y del desarrollo para que la accesibilidad cognitiva cuente con un reconocimiento normativo claro.

Galván subrayó que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo son uno de los colectivos que más necesitan apoyos para comprender servicios, productos e información y para poder ejercer derechos fundamentales, como el acceso al empleo, la justicia o la participación social.

En este sentido, valoró que el nuevo reglamento contribuya a situar la accesibilidad cognitiva como “una accesibilidad de primer nivel” dentro de la accesibilidad universal y permita exigir su aplicación en diferentes ámbitos de la vida cotidiana.

No obstante, advirtió de que la aprobación de la norma “no es suficiente” si no se acompaña de recursos económicos que permitan hacer realidad las medidas previstas. “Nos hubiera gustado que fuera un poquito más ambicioso en el compromiso presupuestario”, señaló.

A su juicio, la dotación económica debe tener un carácter transversal y alcanzar ámbitos como la sanidad, la educación, el empleo, la justicia, el transporte o la defensa de los consumidores vulnerables. “Estamos hablando de un proyecto de país donde la accesibilidad universal y, dentro de ella, la accesibilidad cognitiva sean marca España”, defendió.

MÁS ALLÁ DE LA LECTURA FÁCIL

El director de Plena inclusión España insistió en que la accesibilidad cognitiva no se limita a proporcionar información en lectura fácil, sino que también incluye pictogramas, evaluación de entornos para comprobar que resultan comprensibles, apoyos en los transportes y otros recursos que permitan a las personas desenvolverse con mayor autonomía y seguridad.

Entre los efectos que puede tener la aplicación del reglamento, citó la adaptación de oposiciones y exámenes para facilitar el acceso a la función pública, la incorporación de medidas de accesibilidad cognitiva en el empleo, el refuerzo de los apoyos en el ámbito de la justicia y la promoción de la figura del facilitador judicial.

También destacó las mejoras que podrían producirse en estaciones de tren y aeropuertos mediante señalización y encaminamientos accesibles, así como la utilización de materiales comprensibles y protocolos en lectura fácil para situaciones de emergencia.

Galván señaló que estos cambios pueden “repercutir directamente en la vida cotidiana de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo”, pero también beneficiar a otros colectivos, como personas mayores, personas con deterioro cognitivo o aquellas que tienen dificultades para comprender el idioma por proceder de otros países.

“UN DERECHO LLAVE”

El responsable de Plena inclusión España recordó que la organización considera la accesibilidad cognitiva un “derecho llave”, porque facilita el acceso al resto de derechos y permite avanzar hacia una participación plena en la sociedad.

Asimismo, defendió el reconocimiento de las propias personas con discapacidad intelectual y del desarrollo como profesionales y “validadores” de la accesibilidad cognitiva, al considerar que esta actividad “puede constituir también una fuente de empleo y una forma de reconocer su contribución laboral”.

“Hay que reconocer la contribución en el ámbito laboral de especialistas en accesibilidad cognitiva que tienen que ser las propias personas con discapacidad intelectual y del desarrollo”, afirmó.

Junto a la falta de presupuesto, Galván señaló otra de las cuestiones que Plena inclusión echa en falta en el reglamento: “un mayor rigor técnico” para garantizar que las medidas que se presenten como accesibilidad cognitiva “respondan realmente a metodologías contrastadas”.

En este sentido, reclamó que la norma establezca “criterios más precisos” y “evite conceptos ambiguos” que puedan dar lugar a que “cualquier medida orientada a facilitar la comprensión sea considerada accesibilidad cognitiva”. “Con este tipo de verbos débiles creemos que todavía no se asegura, no se garantiza la accesibilidad cognitiva”, apuntó en referencia al uso en la norma de expresiones como “podrán”, “facilitarán” o “ayudarán”.

Por ello, consideró necesario que la legislación sea “más taxativa” y establezca obligaciones y criterios técnicos suficientemente claros.

De cara a la aplicación del reglamento, Galván reclamó al Gobierno una estrategia “transversal y multinivel” que implique a las administraciones locales, autonómicas y estatal.

En su opinión, las administraciones públicas deben ejercer un papel ejemplar y convertirse en motor de la implantación de canales, apoyos y recursos de accesibilidad cognitiva, para que posteriormente se incorporen también los ámbitos cultural, empresarial, universitario y educativo.

Finalmente, alertó de la “especial vulnerabilidad” de las personas con dificultades de comprensión, que mantienen una situación de mayor discriminación, y defendió que esta situación “no podrá superarse sin implantar de manera efectiva canales de accesibilidad cognitiva en el conjunto de la sociedad”.