Este recurso profesional "es casi invisible en España", lamentó la entidad, pese a que la Ley de la Dependencia lo recoge en su catálogo de prestaciones. Con el fin de favorecer esta implicación de las administraciones locales, decenas de asociaciones de Plena inclusión de cinco comunidades autónomas (Galicia, Murcia, Asturias, Valencia y Canarias) han lanzado una campaña para convencer a ayuntamientos y diputaciones de que destinen partidas presupuestarias con las que financiar este servicio tan necesario.

“El apoyo facilitado por un asistente personal profesional mejoraría el día a día de miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo” declaró Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España.

Así lo constatan también las conclusiones extraídas del proyecto piloto que asociaciones de Plena inclusión realizaron en 2021 en 15 comunidades autónomas. “Las evidencias nos llevan a proponer a las administraciones locales y regionales que desarrollen la figura profesional del asistente personal”, agregó Laucirica.

A partir de numerosos ejemplos, entidades de Plena inclusión defienden la necesidad de promover con empeño la vida independiente de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. La asistencia personal es un recurso profesional que provee de apoyos puntuales demandados por las personas con discapacidad.

Gracias a este servicio individualizado, las personas pueden tomar decisiones sobre su día a día para vivirlo con mayor dignidad, como el resto de la ciudadanía, desde la aspiración legítima a una vida independiente.