Así lo precisó en un comunicado en el que valoró las sentencias del Tribunal Supremo que se refieren a la interpretación legal de aspectos impositivos que afectan de forma "importante" a las familias de las personas con discapacidad.

Explicó que, en la primera, el Tribunal Supremo aclara que el copago, al que se obliga a las personas con discapacidad y gran dependencia (Grado III) por las ayudas que reciben según la Ley 39/2006, es una tasa, o sea, un impuesto.

El copago ligado al Sistema de Autonomía Personal y Dependencia es una cuestión sobre la que Plena inclusión y el resto del movimiento con discapacidad, con el Cermi a la cabeza, llevan reclamando desde hace años. “El copago por dependencia es un gravamen para el acceso a servicios esenciales para las personas, personas que mayoritariamente tienen un nivel de renta en los límites de la pobreza”, recalcó.

"Las personas con discapacidad no deberían estar obligadas a un copago que es confiscatorio e injusto”, explicó al respecto la presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica.

“En esta lucha por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, nos hemos unido al resto del movimiento de la discapacidad, pero los diferentes gobiernos han hecho oídos sordos a nuestras demandas. Esperamos que esta sentencia del Tribunal Supremo sirva para modificar la regulación del sistema de copago de una forma que no resulte lesiva para las personas de nuestro movimiento asociativo”, concluyó.

Plena inclusión recordó que una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el Cermi, con cerca de 800.000 firmas, se presentó en el Parlamento en 2015 "sin que esto ayudara a que el copago por dependencia que se denunciaba fuera derogado".

Junto a ello, subrayó que este copago elimina el efecto de subida de las pensiones ya que esta se destina a financiar el acceso a las prestaciones de dependencia, que en el caso de los servicios residenciales llega hasta el 90% del coste.

REFORMA LEY

Plena inclusión ha presentado una enmienda en la tramitación de la reforma de la Ley de Dependencia, que está en curso, en la que insta al Estado y a las comunidades autónomas a modificar el sistema de participación del usuario para que se preserven las pensiones no contributivas hasta un mínimo exento que permita "una vida digna y en comunidad".

Además, aplaude la interpretación hecha este jueves por el Tribunal Supremo respecto a que se deben aplicar las deducciones por discapacidad en el IRPF desde el nacimiento.

“Las dos decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo hablan de la necesidad de reformar la legislación existente. Porque entendemos que la ley debe atender a las auténticas necesidades de las personas con discapacidad y de sus familias, que ahora se enfrentan a un sobreesfuerzo económico que requiere de un mayor apoyo por parte de las administraciones públicas”, afirmó.